Publicado en Granada Hoy el 17/08/2008.
El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer las bases del proceso para cubrir ocho nuevas plazas de coordinadores y siete de directores generales del Ayuntamiento de Granada. Pues bien no ha transcurrido ni un día y los letrados municipales ya han acusado al alcalde de forzar la ley para designar a sus próximos altos cargos. Mantienen que las bases contravienen la Ley de Bases de Régimen Jurídico Local al entender que el futuro personal directivo debe pertenecer a la escala de funcionarios del grupo A y no ser sólo titulados superiores tal y como exponen los requisitos recogidos en el proceso selectivo impulsado por el gobierno municipal.
La presunta ilegalidad introducida en las bases por el equipo de gobierno, según mantienen los letrados municipales, puede convertirse con casi toda seguridad en un capítulo más del enfrentamiento abierto que mantienen los asesores con los responsables políticos del Partido Popular. Tan es así que, según aseguraron ayer, los cuatro asesores jurídicos sopesan impugnar el proceso selectivo. A partir de ahora tienen dos meses para presentar la denuncia.
Pero, además, advirtieron de que los nuevos altos cargos, creados en función de la nueva división de las concejalías, deberán, al igual que los concejales, presentar la declaración de bienes una vez que accedan al cargo, aspecto que el portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan Antonio Mérida, ha anunciado que se le exigirá a l nuevo personal directivo.
Desde que el gobierno local aprobó la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) los responsables de la asesoría jurídica han liderado una “revuelta” contra la nueva regulación salarial de los funcionarios municipales. Solicitaron al juez la suspensión cautelar de la RPT, a la vez que denunciaron por incluir una incremento por encima de lo estipulado en el Presupuesto General del Estado. La reacción de sus compañeros no se hizo esperar. La junta de persona, con el Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPGL) como fuerza sindical mayoritaria, aprobaron iniciar un seguimiento a los asesores durante las 24 horas del día. La presión, incluso, obligó al Colegio de Abogados de Granada a intervenir para pedir protección a los asesores.
No tardó tampoco en conocerse la reacción del gobierno local. El área de Personal abría un expediente de investigación para aclarar si mantenía una relación laboral fuera del Ayuntamiento. Además, en el último pleno municipal se aprobó, con los votos en solitario del Partido Popular, la supresión de la plaza del letrado jefe del Ayuntamiento, cubierta hace tan sólo dos años.
Por otra parte, los asesores contraatacaron con una denuncia contra la Relación de Puestos de Trabajo del Defensor del Ciudadano y otra, contra el nombramiento de su asesora jurídica, aspecto que fue aceptado por los tribunales, por lo que el gobierno local ha tenido que suspender el proceso de designación.
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