Publicado en El País el 23/04/2007.
Jorge Benavides Solís
El título de éste artículo ha sido transcripto del nuevo Estatuto de Andalucía. El paisaje ha existido siempre; sin embargo, recién durante la primera revolución industrial se le descubrió gracias al interés estético de los pintores, primero los románticos, luego ya inmersos en la vorágine urbana, los de las vanguardias. Los intelectuales del siglo XX comenzaron a preocuparse sobre el tema y finalmente, en la sociedad de las TIC se lo ha llevado al ámbito operativo y al de la especulación teórica. “Cualquier parte del territorio percibido es paisaje”, dice la Convención Europea del año 2000, de lo cual podemos deducir que todos somos actores (lo modificamos) y espectadores (lo disfrutamos o lo sufrimos) pero ninguna persona con nombre y apellido es responsable de su depredación, de su destrucción o de su deterioro. Lo somos todos.
En Andalucía, cinco Consejerías comparten competencias sobre el paisaje pero ninguna de ellas tiene la responsabilidad plena, por lo cual, se ha creado el Centro de Estudios Paisaje y Territorio y, el pasado mes se presentó en un Encuentro multidisciplinar en el que participaron varios directores generales de la administración autonómica y el director general del Paisaje de Cataluña. Es la manera andaluza de dar continuidad a los convenios y convenciones internacionales que ojala tenga éxito en sus propósitos. Ha empezado con una interesante exposición que podemos disfrutar en el Convento de Santa Inés, hecha bajo la responsabilidad intelectual del pintor Lacomba.
El paisaje es el resultado de la relación de la sociedad con su entorno. Como tal, es un producto cultural frágil, un resultado dinámico en permanente cambio vinculado antes que al orden, se quiera o no, a la naturaleza y a la estética. Precisamente por ello quizá sea más adecuado identificarlo como un proceso abierto, inacabado, en el que intervienen factores cuantitativos previsibles (por ejemplo, las formas de ocupación del territorio) y otros imprevisibles (los factores climáticos, humanos, financieros y hasta políticos). En él, todos estamos implicados.
Pero, ¿el arquitecto es consciente, tanto como el ingeniero de Caminos, de que, en el fondo, diseña paisaje? ¿Existe una metodología adecuada para ello? El campesino de toda la vida, tanto como el dueño de una empresa agroindustrial, ¿sabe que está modificando el paisaje constantemente? ¿Existen normas para hacerlo de manera adecuada? ¿Conocen las empresas de telefonía y de electricidad que sus torres afectan negativamente al paisaje? ¿Incumplen alguna normativa? ¿Con qué criterio están cubriendo miles de hectáreas de suelo las empresas de energía solar? ¿Bajo qué consideraciones levantan las enormes aspas los técnicos de las empresas de energía eólica? Y a todo esto, ¿qué dice la Dirección General de Energía? ¿A qué normativa puede acudir la Consejería de Cultura, de Medio Ambiente, de Agricultura o de Obras Públicas para impedir que las palas mecánicas destruyan, como lo están haciendo en este momento, uno de los más bellos paisajes que podemos (¿podíamos?) disfrutar desde los Jardines de Forestier en Castilleja de Guzmán, declarados Bien de Interés Cultural? ¿Es posible impedir que las canteras continúen desgarrando sin misericordia las montañas; que las empresas inmobiliarias sigan suplantando impunemente la topografía natural con relieves de ladrillo y cemento o que corten sin importarles nada las montañas como si fueran queso?
El paisaje es un tema interesantísimo; incluso lo ha sido hasta para los filósofos, no se diga para un artista o un intelectual con un mínimo de sensibilidad; pero, como problema, ante todo, exige acción, iniciativas que partan de la realidad concreta antes que académica, que sean más proclives a controlar la calidad de la práctica profesional, a estimularla y ayudarla.
Cataluña tiene una Ley. Según el director del Paisaje, los resultados son positivos. Seguramente es así porque incluso respondió satisfactoriamente sobre asuntos de plena y espinosa actualidad. Los países de nuestro entorno europeo desde hace más de cuarenta años tienen una normativa específica del paisaje. Han postergado las grandes definiciones, las elucubraciones teóricas, las campañas de sensibilización y, con interés pedagógico, lo primero que han hecho es: identificar los componentes del paisaje, adoptar una clasificación operativa, hacer un inventario de paisajes y visualizar los ámbitos de actuación prioritaria. En nuestro caso podrían ser: franjas de borde urbano, franja litoral, construcción de grandes infraestructuras, superficies para placas solares y torres eólicas, urbanizaciones masivas, implantación de edificaciones singulares, recuperación de cañadas, veredas y caminos rurales. Los europeos, sobre todo, han establecido la coordinación obligatoria de las administraciones para evitar la acumulación indiscriminada de basura estética sobre el territorio. Desde 1966, Suiza se ha convertido en un referente cuya experiencia debe tomarse en cuenta.
Sin una normativa específica, ¿hasta donde podrá llegar el nuevo Centro Andaluz del Paisaje? ¿El voluntarismo de las consejerías sobre este tema será suficiente? ¿Qué dirán los políticos en su inminente campaña electoral sobre el “derecho al paisaje en condiciones de igualdad”?
Jorge Benavides Solís es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
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