Publicado en Granada Digital el 22/04/2007.
EFE.
El TSJA advierte en su memoria anual de la “precariedad” de medios e instalaciones con los que cuentan los 685 Juzgados de Paz de Andalucía, y reitera la conveniencia de que quienes ejercen sus funciones, en su mayoría alcaldes, sean licenciados en Derecho o cuenten con el asesoramiento de técnicos. El alto tribunal andaluz mantiene en su memoria de 2006 que la situación en estos órganos judiciales no ha variado “esencialmente” respecto a años anteriores, y cita entre sus principales deficiencias el estado, “salvo excepciones”, de las instalaciones en las que generalmente se ubican -dependencias del Ayuntamiento-, su acceso, “no siempre fácil”, y el “escaso o inadecuado” material.
La memoria, que alude también a la informatización de estos juzgados que, “o no existe o es bastante mejorable”, subraya en líneas generales la “precariedad” de sus medios e instalaciones.
Desde el punto de vista organizativo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aboga, como en años anteriores, por una “racional agrupación” de las Secretarías de los Juzgados de Paz, que considera especialmente necesaria en una comunidad como la andaluza, con casi 700 órganos judiciales de este tipo.
Reitera además la conveniencia de que, “dadas las funciones que se le encomiendan”, los jueces de Paz sean licenciados en Derecho o se les adscriba algún técnico que les asesore en casos necesarios.
Y ello porque continúa “plenamente vigente” el análisis y recomendaciones del Libro Blanco de la Justicia aprobado en 1997, que destacó la “falta de formación y preparación jurídica” de sus titulares y optó por un nuevo Estatuto del juez de Paz que regule adecuadamente el procedimiento de selección y nombramiento y las retribuciones adecuadas a las exigencias del cargo y su dedicación.
Según el alto tribunal andaluz, la Consejería de Justicia ha destinado en la última legislatura más de 13 millones de euros a mejorar el funcionamiento de los 685 Juzgados de Paz andaluces, y la previsión es alcanzar en 2007 los 18 millones porque se ha estimado una inversión para este año de 4,7 millones de euros.
De las inversiones previstas para 2007, más de 1,38 millones se dedicarán al pago de retribuciones del personal idóneo que presta su servicio en los juzgados de municipios de hasta 7.000 habitantes, lo que supone un aumento respecto al año pasado del 3,5 por ciento.
Más de 2,5 millones irán destinados a sufragar los gastos de funcionamiento de estos órganos judiciales, casi un 7 por ciento más que en 2006, mientras que a las subvenciones para obras de reforma y mejora en las infraestructuras y equipamientos se dirigirán 756.000 euros que se distribuirán entre los municipios de cada provincia en función del número de Juzgados de Paz que haya en cada una.
La administración autonómica tiene atribuidas entre sus funciones la compra y gestión del patrimonio inmobiliario, mobiliario y enseres para estos juzgados, mientras que a los ayuntamientos corresponde la disposición de medios personales y materiales instrumentales. Sin embargo, precisa el TSJA, la “escasez” de medios con los que cuentan las corporaciones locales para hacer frente a los gastos básicos que garanticen el funcionamiento y operatividad de los Juzgados de Paz “hace imprescindible” la intervención de la administración autonómica en el ejercicio de sus competencias
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