El fallo da la razón a ‘Granada contra el ruido’, que demandó al Consistorio en 2002 por la «ilegalidad» de la ordenanza contra la contaminación acústica.
Publicado en Ideal el 27/05/2008.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula ahora varios artículos de la Ordenanza municipal contra el ruido referentes a las infracciones, que ha estado vigente desde 2001 hasta 2007. El fallo da la razón a la asociación ‘Granada contra el ruido’, que demandó al Consistorio en 2002 por no respetar las cantidades sancionadoras que se establecían en la Ley de Protección Ambiental de Andalucía.El presidente de la plataforma, Francisco Morales, explicó ayer en la comparecencia pública que «ha existido durante seis años una ordenanza ilegal que fijaba multas entre una cuarta parte y una centésima parte de lo establecido en la legislación». Asimismo, considera que «la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA no ha dado la prioridad que determinan las leyes procesales a recurso iniciado por la plataforma, ya que la sentencia debería de haberse dictado en mayo de 2004». En consecuencia, esta asociación prepara ahora una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
Según Francisco Morales, «la sentencia no tiene ya efectos prácticos porque se ha retrasado cuatro años y el Ayuntamiento cuenta con una nueva Ordenanza en materia de contaminación acústica, pero sí reconoce que durante seis años el Consistorio ha mantenido un reglamento ilegal», y añade que «en todo caso, los indemnizados deberían ser aquellos que han sufrido las molestias del ruido durante ese tiempo».
En su momento, el Ayuntamiento granadino fundamentó la legalidad de la Ordenanza impugnada en su autonomía local. Sin embargo, el tribunal desestimó esta alegación porque «de existir ley estatal o autonómica, hay que atenerse a la misma; y al efectuar un ente local la tipificación, no pueden aprobarse preceptos contrarios a la legislación».
Nueva ordenanza
La plataforma tampoco ve con buenos ojos la nueva ordenanza contra la que presentaron un recurso en el momento de su aprobación, y del que finalmente desistieron por no poder hacer frente a los gastos derivados de los procesos judiciales. Para Morales, el actual reglamento «regula mal las actuaciones sobre ruidos vecinales y motos, y no define las áreas de sensibilidad acústica así como los protocolos de actuación del Ayuntamiento». ‘Granada contra el ruido’ afirma también que «el Consistorio se ha negado a la petición de esta asociación de conocer en detalle el mapa de ruidos», y estudia ahora cuál es la petición legal más efectiva, sin descartar la vía penal.
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