Publicado en Ideal el 30/05/2008.
José Ramón Jiménez Cuesta.
No corren buenos tiempos para los ayuntamientos, su situación financiera los tiene al borde de un colapso de servicios. Realmente, ningún gobierno de la democracia les ha solucionado sus problemas de financiación y los consistorios se encuentran entre la espada y la pared, ya que tampoco encuentran apoyo en quien, principalmente, les tenía que entender: la ciudadanía. Un 30% de las actividades de los ayuntamientos (infancia, juventud, mujeres, mayores, deporte, vivienda…) se realizan sin recursos para ello. Como bien dice Pedro Castro, alcalde socialista de Getafe y presidente de la Federación de Española de Municipios y Provincias, «temblamos cuando el gobierno aprueba una ley social (Dependencia, Igualdad ), las comunidades autónomas se quedan con el dinero y no lo revierten en los Ayuntamientos». Obviamente, podían también gestionar un poco mejor sus recursos. La ‘Ley de Grandes Ciudades’, que permitía una mejor gestión de los Ayuntamientos, se ha utilizado para ampliar la nómina de cargos y colocar a algunos de los respectivos partidos (¿que son muchos!). Aunque, realmente, tampoco han hecho nada distinto a lo que han realizado Autonomías y Gobierno Central a la hora de colocar a los suyos.
Las Comunidades Autónomas desempeñan en este tema el papel que desean, plenamente conscientes de su posición de fuerza. El Gobierno Central usualmente depende de partidos nacionalistas o barones regionales que buscan el fortalecimiento de su Administración y quieren la tarta para ellos. ¿Los municipios?, ¿qué más da! Incluso líderes de partidos regionales, ya han dicho que hay que separar el problema de la financiación autonómica de la local, primero lo suyo y luego, ¿Dios dirá! ¿Qué espanto de Autonomías, qué pesadilla para nuestras vidas!
Los Ayuntamientos (de todos los signos políticos) amenazan con huelgas, cancelación de servicios Es un farol y lo saben. O el Gobierno les resuelve el problema o seguiremos viendo en las hojas que nos envían a las casas el gasto ya clásico de ‘pago de intereses por la deuda’. Nadie les va a respaldar; los ciudadanos sufridores de una hipotética huelga, no pensarán en el origen del problema, sólo en que quieren su servicio y que es el Ayuntamiento quien lo debe prestar. Sí, sería bueno que los líderes locales (que usualmente pertenecen a un gran partido) presionaran al Gobierno, pero así llevamos 30 años. Todos los Gobiernos les han dicho a los Ayuntamientos, «¿tranquilos, que pronto os toca!». Otra solución podría ser que los Ayuntamientos subieran los impuestos, teniendo en cuenta que de cada 100 euros de impuestos que paga un ciudadano, aproximadamente, 6 van al Ayuntamiento, 60 al Estado y 34 a la Comunidad Autónoma. Ya hemos visto lo que pasa cuando se sube el IBI: los ciudadanos arremeten enérgicamente contra su Ayuntamiento. No hacen lo mismo con los impuestos (directos e indirectos) que gestiona el Estado.
Claro, en las ciudades queremos grandes parques, buenos estadios, mucha policía local, atención domiciliaria para la tercera edad, ayudas para la vivienda , todo sin subir los impuestos. Nuestra osadía no tiene límites y nos seguimos quejando cuando, vía urbanismo, los ayuntamientos sacan el dinero dejándonos sin suelo para equipamientos y otras cosas que necesitamos. Pues no, en todos los países, ciudades y comunidades autónomas 2 y 2 son 4 y los ciudadanos lo tendríamos que saber y apoyar a nuestros Ayuntamientos (da igual el color político) que son la Administración más cercana que tenemos. No se pueden construir ciudades y pueblos, queriéndolo todo y pensando que las cosas se financian solas.
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