El colectivo de ocupantes ha recurrido la orden de desalojo emitida por el Ayuntamiento y ha puesto el caso en manos de un abogado No se registraron incidentes de consideración durante las actuaciones.
Publicado en Ideal el 20/01/2007.
El paisaje de las cuevas del Sacromonte se parecía ayer al de un cuartel repleto de agentes uniformados. Casi un centenar de policías, entre locales y nacionales, llegaron a las ocho de la mañana a las inmediaciones de la ermita de San Miguel para repartirse por el cerro del mismo nombre con el fin de controlar cualquier incidente que pudiera surgir con los moradores de las cuevas, quienes asistieron en silencio al tabicado de los habitáculos que se encontraban vacíos. Tres excavadoras de la empresa municipal de vivienda y suelo -Emuvyssa- se encargaron de remover la tierra para tapar con arena diez cuevas deshabitadas, según dicen los ocupantes dos de ellas estaban en proceso de rehabilitación. Al mismo tiempo, operarios de Inagra procedían a sacar muebles y objetos apilados del interior de estas moradas.
Los habitantes de estos habitáculos, unos 37 repartidos por 20 cuevas, se despertaron con todo el espectáculo ya montado. «No nos pueden desalojar si antes no hay una orden legal», comentó ayer el portavoz del grupo de moradores, Luis Carriero. «No sentimos miedo, sino desasosiego por ver cómo habla este ayuntamiento, sólo con la policía», dijo.
El precintado de las cuevas estuvo libre de incidentes de consideración, sólo a primera hora de la tarde hubo un conato de enfrentamiento entre un agente y un joven que al final no llegó a nada.
Los ocupantes han decidido recurrir en los tribunales la orden municipal de desalojo por peligro de derrumbe de estos habitáculos, aduciendo que el informe se ha realizado sin conocimiento de los interesados y sin abrirse una fase de alegaciones. «Tenemos el caso en manos de abogados y vamos a actuar conforme a la legalidad. Le pedimos al Ayuntamiento de Granada que también se ajuste a la ley».
Según declaró, el portavoz de estos jóvenes sólo hay tres personas que han recibido una cédula de notificación para desalojo, aunque el edil de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, elevó a 33 el número de notificaciones comunicadas.
Los ocupantes de las cuevas no dejaban de recordar que los únicos que se han preocupado de limpiar y mantener el cerro en condiciones han sido ellos. «Deben respetarnos. Nosotros llegamos aquí cuando las cuevas estaban en mal estado y nos hemos preocupado de mantenerlas en condiciones. Esta es la respuesta que tenemos ahora», señalaba Cristina, otra residente. Sin embargo, no solo es el Ayuntamiento el único empeñado en desalojarlos. Las asociaciones de vecinos del distrito Albaicín también se ha posicionado en contra de la ocupación de estas cuevas.
Los moradores son gente joven con edades comprendidas entre los 25 y 45 años de media, muchos con carreras universitarias y defensores de un estilo de vida alternativo. «Algunos habitantes de la zona no trabajan o están de paso; otros sí trabajamos, cotizamos y pagamos los impuestos pertinentes, aunque no tengamos los derechos que venimos reclamando reiteradamente para la obtención de los servicios mínimos de recogida de basura, luz y agua en aquellas cuevas que legalmente pertenecen a vecinos. Otros son estudiantes y otros cursan master de formación superior específica. Somos, en definitiva, una pequeña muestra de la juventud europea».
El concejal de Urbanismo de Granada, Luis Gerardo García Royo, sostuvo ayer que la actuación del Ayuntamiento en el entorno de las cuevas del Sacromonte, sobre las que existe una orden municipal de desalojo por falta de seguridad y ocupación ilegal, consistirá en recuperar la imagen originaria de esta zona.
El concejal dijo ayer no poder precisar por cuánto tiempo se alargará el proceso de desalojo, toda vez que corresponderá a los órganos judiciales decidir sobre el asunto.
García Royo explicó que si los ocupantes no acatan la orden de desalojo, habrá que solicitar a los órganos judiciales autorización para «desahuciar» a quienes están ocupando las cuevas ilegalmente.
En contra de la consideración de algunos de los moradores que habitan las cuevas, que apuntan a un posible interés especulativo del Ayuntamiento en la zona, el concejal sostuvo que la actuación futura del consistorio en ese espacio protegido, integrado en el proyecto de actuación de las murallas y su entorno, consistirá en recuperar la vegetación y los caminos autóctonos.
Los residentes en estas cuevas han mostrado su disposición a mantener un diálogo con el Ayuntamiento para consensuar algún tipo de acuerdo para evitar quedarse sin vivienda. La asamblea de ocupantes de las cuevas «pretende expresar aquí su buena disposición al diálogo razonable con cualquier institución».
Asimismo, el portavoz del grupo municipal socialista, José María Rueda, ha calificado la actuación de electoralista ante la proximidad de las ‘municipales’.
Un colectivo de jóvenes que se suma a la cada vez más amplia lista de grupos de personas que en París, Barcelona, Madrid o Zaragoza han protagonizado en los últimos meses o años protestas resistiéndose al desalojo de habitáculos abandonados y rehabilitados por ellos para ser ocupados. Detrás de actuaciones de este tipo se esconde el gran problema que asola a la juventud: la imposibilidad de adquirir una vivienda para vivir. El Ayuntamiento continuará en los próximos días con los trabajos de tabicado de cuevas.
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