Publicado en Ideal el 02/11/2007.
El Ayuntamiento de Granada fichó en junio como abogado al ex gerente -en aquel momento aún lo era- de la empresa municipal de suelo de Ogíjares (Emogisa), hombre de confianza de José Luis del Ojo en su etapa como concejal de Urbanismo en el municipio. Desde ese mes, el gobierno municipal de la capital (PP) ha adjudicado otro contrato al letrado y en la junta de gobierno del pasado 25 de octubre llevó otro acuerdo para ampliar en 6.000 euros el convenio firmado con el abogado. En total, con los dos contratos y la ampliación, las facturas se elevan a 31.500 euros.
Todos los acuerdos están justificados y avalados por informes técnicos. El expediente parece jurídicamente correcto. Sin embargo, el trasfondo evidencia un curioso conflicto interno en el Ayuntamiento que se ha resuelto de la siguiente manera.
Tras las elecciones y después de aprobarse la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento, un grupo de abogados del Consistorio -funcionarios- empezó a recurrir decisiones adoptadas por el gobierno municipal. Lo hacen a título personal y por multiplicado: cada uno el mismo pleito repetido. El Ayuntamiento se encuentra con que tiene que defenderse de unos contenciosos pero no puede recurrir a sus abogados porque son los propios demandantes. Se trata de varios pleitos contra la RPT y contra el nombramiento de la adjunta al Defensor del Ciudadano.
El gobierno municipal se vio obligado entonces a buscar un abogado ‘externo’. Es cuando contrata de forma directa al todavía gerente de Emogisa. La cantidad del acuerdo es de 12.000 euros -dos millones de las antiguas pesetas-, el 50% al inicio del contrato. La junta de gobierno aprobó la operación con informes favorables y por urgencia.
Los letrados del Ayuntamiento recurrieron ante el alcalde la operación. En el escrito aducen que el abogado es gerente de una empresa pública, lo que -a su juicio- es incompatible con las nuevas funciones. Un informe interno de la sección de Contratación desestimó el recurso.
Según un documento que obra en poder de este periódico, el abogado fichado por el Ayuntamiento continuó como gerente de Emogisa hasta el 2 de agosto, fecha en la que dimitió. Desde la empresa municipal de suelo de Ogíjares se contrataron las obras del famoso pabellón polideportivo, el del millón de euros, una de las operaciones denunciadas por la Fiscalía en el Tribunal Supremo por supuesta prevaricación y fraude.
Suma y sigue
Un mes después del primer contrato, el Ayuntamiento puso en marcha otro expediente para buscar otro abogado externo que le defendiera en los pleitos que aún quedaban pendientes. Contenciosos todos ellos presentados por los propios letrados municipales.
En esta ocasión no se hizo un fichaje directo, sino que se invitó a tres conocidos juristas para que presentasen ofertas. Uno dijo que no le interesaba, el segundo no contestó y el tercero es el único que respondió y propuso una rebaja de 500 euros sobre el precio previsto: el ex gerente de Emogisa y abogado vinculado al PP. El segundo concurso es de 13.500 euros. Recientemente, en la junta de gobierno del 25 de octubre, se da cuenta de que los letrados del Ayuntamiento han presentado siete pleitos más y se plantea -según fuentes municipales- aumentar en 6.000 euros el contrato del abogado externo.
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