La costa más amenazada por las promociones
El Gobierno planea tirar cuatro hoteles y critica el urbanismo sin control en el cabo de Gata
Publicado en El País el 03/11/2007.
Las costas de Almería y de Granada son las menos urbanizadas de España y, a la vez, las más amenazadas. Los promotores se han fijado allí tras agotar el suelo en otras zonas, y el Gobierno quiere frenar el urbanismo salvaje y derribar dos hoteles que ocupan la zona competencia del ministerio.
Almería vive probablemente la mayor explosión urbanística en el Mediterráneo. Los ayuntamientos de la costa, de todos los partidos, tienen aprobadas decenas de miles de viviendas, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, del PSOE, que en los últimos años ha intentado reconducir su situación. “A pesar de las agresiones sufridas, el litoral almeriense se salvó del desarrollismo de los 60 y 70″, comienza el diagnóstico de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, el gran diagnóstico sobre el estado del litoral que el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado durante dos años y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La zona, agreste y con problemas de agua hasta hace poco, ha cambiado mucho. Hoy las grúas compiten con los invernaderos. “El actual desarrollo agroturístico e industrial en algunos puntos está generando un rápido deterioro de las condiciones naturales que caracterizan este litoral con agresiones que, en muchos casos, son irreversibles o de difícil corrección”, prosigue el plan de Medio Ambiente.
Sólo el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora (11.000 habitantes) planeó la construcción de 145.000 viviendas. El planeamiento debe ser restringido, entre otras cosas, porque quedan terrenos radiactivos por el accidente de Palomares.
Tras el sombrío diagnóstico, el plan aborda metro a metro las agresiones que ha sufrido el litoral. En Villaricos propone trasladar la fábrica de antibióticos que la multinacional DSM tiene sobre la playa. No es la única industria que estorba: la cementera de Carboneras también debe ser trasladada.
Sin embargo, las principales “degradaciones” son urbanísticas. El hotel nudista Vera Playa invade el dominio público marítimo terrestre, ocupa la misma playa. La estrategia propone demolerlo. Lo mismo ocurre con el hotel El Palmer y los apartamentos directamente sobre la playa, en Enix. Sobre este último, de 10 plantas, el plan afirma que es “una ocupación ilegal del dominio público” y plantea “recuperarlo todo expropiando el hotel y los apartamentos”.
Ante los anuncios de las demoliciones que, por centenares, propone la estrategia, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, insistió ayer en que la mayor parte de los casos sólo se podrán hacer con la colaboración de las comunidades. Sin embargo, sobre estos dos hoteles la competencia es exclusiva del Gobierno. Si Medio Ambiente quiere cumplir su plan puede hacerlo sin acuerdo de la autonomía.
El texto critica también el modelo urbanístico en los 75 kilómetros de litoral del Parque Natural del cabo de Gata, el mayor parque del Mediterráneo: “El deterioro del medio natural, el excesivo turismo de segunda residencia y la estacionalidad de los visitantes, están consiguiendo frenar la actividad turística en cabo de Gata, por lo que debe buscarse un turismo más sostenible”. Allí detecta “degradaciones paisajísticas en San José e importantes ocupaciones urbanísticas del litoral; deterioro de paisajes agrarios tradicionales, sobreexplotación de caladeros de pesca, sobreexplotación y salinización de acuíferos, abandono del patrimonio arqueológico e insuficiente planificación urbanística”.
Entre los ejemplos destaca las expansiones previstas en un plan parcial de Níjar, junto a la Fabriquilla, “las ocupaciones de dominio público y de la servidumbre de tránsito en San José, Isleta del Moro, Cala Higuera, Las Negras y Agua Amarga; el desarrollo turístico de San José, basado en segunda residencia, los desarrollos urbanísticos desproporcionados en algunas poblaciones o la insuficiente planificación urbanística”. Además, afirma que hay “actuaciones inmobiliarias inapropiadas”. En San José, propone “retirar las edificaciones” que llegan hasta el acantilado.
La estrategia destaca que el parque natural tiene enemigos en el Ayuntamiento de Carboneras, del PSOE, y el de Níjar, ahora del PP, que “tienen una visión negativa de la normativa del parque al considerarla perjudicial para su desarrollo industrial y urbanístico o para su economía”. Carboneras autorizó, con el visto bueno de la Junta, el polémico hotel del Algarrobico, paralizado por orden judicial y con un proceso de expropiación abierto por parte del ministerio y con otro pleito de la Junta.
El diagnóstico sobre la situación en Andalucía supone un problema para el Gobierno, que denuncia el urbanismo salvaje en Murcia o Valencia, pero pasa de puntillas sobre el andaluz. Aunque oficialmente la Junta de Andalucía (PSOE) pone más restricciones al urbanismo, si uno circula desde Murcia a Almería hay muchas más grúas en territorio andaluz. En junio de 2006, Narbona criticó el urbanismo en la costa andaluza y, ante las críticas desde la Junta, acabó reconociendo que se refería a años anteriores y que la situación ha mejorado mucho.
El plan también carga contra el mar de plásticos que en algunos casos llega hasta el borde del mar. Los invernaderos no sólo afean el paisaje sino que amenazan con contaminar el mar.
La situación no es mejor en Granada, la provincia costera con menos litoral. Sus 81 kilómetros de costa acogen un muestrario de atropellos urbanísticos: desde hoteles que invaden el dominio público marítimo terrestre a invernaderos “que llegan hasta las olas”, en palabras de Francisco Javier Egea, de Ecologistas en Acción.
La difícil orografía de la costa granadina, llena de acantilados y playas de piedra, ya no es obstáculo para los promotores. La población de Almuñécar ha crecido un 18% en cinco años y otros pueblos del litoral, como Rubite, de 468 habitantes en 2006, prevé construir 3.500 viviendas en la próxima década. En Albuñol y Sorvilán, en el límite con Almería, la gran actuación de Medio Ambiente consiste en recuperar el dominio público y las servidumbres de tránsito costero, invadidas por los invernaderos.
Almuñécar es la localidad con más irregularidades, según el documento de trabajo de Medio Ambiente. La localidad, gobernada por el independiente Juan Carlos Benavides, es la que tiene un urbanismo más conflictivo en la provincia. La Junta de Andalucía ha abierto al menos 59 expedientes por excesos de edificabilidad, licencias irregulares o modificaciones en el PGOU fuera de la legalidad. En el tramo costero, el ministerio prevé la “liberación de ocupaciones mediante expropiación y demolición” de un hotel en la playa de Pozuelo y la “recuperación de la servidumbre de protección” de otro establecimiento en la playa del Capitán. La construcción de residencias en la playa del Muerto, considerada por los grupos ecologistas como “uno de los atentados urbanísticos más fuertes de litoral”, se quiere paliar mediante una “propuesta de restitución de la costa”.
Junto al paraje natural de Maro-Cerro Gordo, en el límite con Málaga, según Egea, “se ha cortado el paso a la playa de Calaiza, que ha quedado privatizada para una urbanización cercana”. Y eso es ilegal.
Greenpeace denuncia que los ayuntamientos de la costa planean tres millones de viviendas
Greenpeace 28-06-2007. www.rebelion.org
En el último año, los ayuntamientos han proyectado 2.999.743 nuevas viviendas, 202.250 plazas hoteleras, 316 campos de golf y 112 puertos deportivos con 38.389 nuevos amarres. Además, se han conocido 90 casos de corrupción urbanística que implican a más de 350 implicados. Greenpeace ha presentado hoy en rueda de prensa el informe Destrucción a toda costa 2007 en el que se analiza la situación del litoral. El documento repasa las principales amenazas, destacando como principal la construcción, el aumento del número de campos de golf asociados a segundas residencias, las denuncias de corrupción urbanística, el incremento de nuevos amarres deportivos, los efectos del cambio climático y los problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales y a los vertidos de buques en el mar.
Las cifras presentes en el informe constatan el inmovilismo de las administraciones para solucionar los problemas del litoral y la necesidad de acometer amplias reformas en la gestión costera para frenar la destrucción de la costa:
2.999.743 nuevas viviendas proyectadas en planes urbanísticos o territoriales; 99.519 viviendas ilegales detectadas; 89 casos de corrupción urbanística investigados y 354 implicados (alcaldes, concejales, constructores, testaferros…) hasta el momento; 316 nuevos proyectos para construir campos de golf; 202.250 nuevas plazas hoteleras; 112 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos para 38.389 amarres; 350 municipios con vertidos ilegales o mala depuración.
Este año, Andalucía ocupa la peor posición de todas las comunidades litorales, con un elevado número de viviendas proyectadas (683.350), viviendas ilegales en la costa (41.800), campos de golf (200 proyectos), acoso a espacios naturales protegidos, la mayor cantidad de amarres deportivos (9.051) y el mayor número de casos de corrupción urbanística (26) que implican a 180 personas por diversos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.
A continuación, se sitúan las Islas Canarias, donde la previsión de construcción de plazas turísticas y puertos deportivos es la más elevada de todo el Estado y se perpetúan los vertidos en el litoral y la Comunidad Valenciana, donde destaca especialmente el casi medio millón de viviendas previstas.
En el cuarto puesto se encuentra la Región de Murcia, que proyecta la construcción de 330.000 viviendas en una franja litoral que no llega a los 300 km de longitud, lo que arroja la espeluznante cifra de 1.137 viviendas por kilómetro de costa murciana frente a las 50 del litoral en Asturias.
Le sigue Galicia, con sus ayuntamientos reclamando la construcción de 800.000 viviendas en los próximos años, 16 casos de corrupción urbanística y planes para construir más de 8.000 amarres deportivos.
Baleares, Calatuña y Cantabria se sitúan a continuación. Cataluña y Baleares experimentan una subida importante en el número de viviendas y puertos deportivos proyectados con respecto a años anteriores, mientras Cantabria acumula sentencias de derribo de viviendas ilegales y sigue apostando por llenar su costa de amarres deportivos sin tener en cuenta sus impactos negativos.
Por último, Euskadi y Asturias presentan en conjunto cifras más bajas aunque no están exentas de problemas. En el caso de la costa vasca, destaca negativamente el aumento de viviendas proyectadas en el litoral, que alcanzan las 172.000, mientras Asturias continúa con su apuesta por los campos de golf, con 17 proyectos este año y autorizando un número mayor de viviendas que habitantes tienen sus localidades costeras.
Greenpeace repasa en el informe Destrucción a Toda Costa 2007 los mayores problemas del litoral en cada una de las comunidades autónomas costeras:
1.- URBANISMO: este año los ayuntamientos del litoral han propuesto en sus planes urbanísticos la construcción de cerca de tres millones de nuevas viviendas para los próximos años, dejando claro que la utilización del suelo hecha por ayuntamientos y comunidades autónomas no responde al interés general sino a intereses privados. La construcción se ha convertido en un potente motor económico que roba al litoral el equivalente a tres campos de fútbol al día. En 2006, se visaron 920.000 viviendas (aunque no todas han comenzado a construirse) y se sabe que la superficie reclasificada para su urbanización triplica a lo ya construido en la franja costera andaluza y mediterránea, lo que hace prácticamente imposible revertir esta situación.
Los casos de corrupción urbanística investigados por la justicia en el litoral se elevan a casi un centenar. No se trata de casos nuevos o desconocidos, pero no ha sido hasta este año cuando la justicia se ha puesto en marcha. Las fiscalías investigan en la actualidad 89 casos que involucran a más de 350 personas, muchos de ellos servidores públicos, entre ellos 55 alcaldes.
Propuestas de Greenpeace: Greenpeace ha presentado un decálogo de urbanismo sostenible que propone un cambio en la gestión urbanística que limite al 10% el aumento posible de urbanización en los planes municipales, elimine la figura del convenio urbanístico, impida la construcción de viviendas asociadas a campos de golf y puertos deportivos, haga obligatorio identificar las necesidades de recursos como el agua y la energía como requisito previo a la urbanización y mejore y fomente la participación ciudadana tanto en el diseño de las ciudades como en el control del urbanismo. Greenpeace considera urgente la desclasificación de suelo urbanizable.
2.- TURISMO: La industria turística acumula por sexto año consecutivo un descenso de ingresos, que en 2006 se situó en un 2,8% a pesar del aumento del número total de turistas. A pesar de la bajada de rentabilidad, este año se ha planteado la construcción de 202.500 nuevas plazas hoteleras repartidas en su mayoría entre Andalucía (126.750), Canarias (52.500) y la Región de Murcia (23.000). La construcción de segundas residencias de forma masiva en la costa es una de las principales causas de la mala marcha del turismo. Otra es la destrucción imparable de la belleza litoral.
Propuestas de Greenpeace: la protección del litoral está íntimamente ligada al buen desarrollo de la industria turística. Debe analizarse la situación real de este sector en base a criterios de rentabilidad, sostenibilidad y perspectivas de futuro. De igual forma, debe hacerse un análisis riguroso del estado del litoral que permita establecer políticas que aseguren la supervivencia del sector.
3.- CAMBIO CLIMÁTICO: para el 2050 se espera una subida media de 35 cm en Galicia, Islas Canarias y el Cantábrico y de 20 cm en el Mediterráneo. Cada centímetro de subida se transformará en un retroceso de un metro de la línea de costa.
Propuestas de Greenpeace: resulta imprescindible poner en marcha políticas y estrategias que incorporen estas previsiones en todas las actuaciones que se lleven a cabo en el litoral. Además es necesario llevar a cabo una revolución energética que acabe con la dependencia de los combustibles fósiles mediante su sustitución por energías renovables y reduzca la emisión de los gases de efecto invernadero. Todas las comunidades autónomas tienen suficiente capacidad para abastecer su propia demanda de energía eléctrica mediante métodos limpios y renovables.
4.- OTROS IMPACTOS EN EL LITORAL: los planes del Ministerio de Medio Ambiente para la costa no convencen. Buenas palabras y programas que no se concretan y con presupuestos ridículamente bajos que muestran la falta de voluntad real para proteger la costa. Este año se ha conocido la peor cara del Ministerio con obras como los quince diques que convertirán las playas urbanas de Barcelona en piscinas estancadas de agua salada, o la destrucción y privatización de un tramo de marisma de Puerto Real (Cádiz).
La construcción de puertos deportivos sigue imparable. Un centenar de proyectos añadirán al litoral más de 38.000 nuevos amarres sin tener en cuenta los problemas que llevan aparejados: destrucción y privatización de grandes tramos costeros y desaparición de praderas submarinas, contaminación de las aguas litorales.
La última de las grandes amenazas es la contaminación. Los retrasos en los planes de saneamiento y depuración de aguas residuales en la costa son alarmantes y ponen de manifiesto la dejación de funciones de las administraciones ambientales al perpetuar esta situación. Galicia, Canarias y Andalucía ocupan los peores puestos. En el informe Greenpeace ha contabilizado más de 350 municipios donde no se depuran correctamente las aguas residuales o se producen vertidos ilegales.
Propuestas de Greenpeace: el Ministerio de Medio Ambiente debe abandonar las prácticas de ingeniería dura en el litoral y centrar sus esfuerzos en proteger y conservar los terrenos amenazados por la construcción.
Debe decretarse una moratoria en la construcción de nuevos puertos deportivos y fomentar medidas como el alquiler de embarcaciones. Acabar con los problemas de vertidos y contaminación debe convertirse en una prioridad para todas las administraciones.
Greenpeace considera que la situación es cada vez peor y que es necesario poner en marcha también medidas globales que garanticen una protección integral, entre las que destaca el establecimiento de una Red de Reservas Marinas que salvaguarde y revalorice la costa, la productividad de los mares, la vida marina y sus ecosistemas para los muchos millones de personas que dependen y disfrutan de este espacio.
(Fuente: Correos de la Vega)
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