Publicado en El País el 20/08/2007.
Hace unos días el flamante presidente de la Diputación de Girona, el republicano Enric Vilert, vio cómo los diputados le aprobaban un aumento de sueldo del 42%, colocando su remuneración anual en 98.000 euros. La decisión (que contó con el voto favorable de los diputados de todos los grupos) provocó un cierto revuelo. El diputado Jordi Xuclà, de Convergència i Unió, calificó el hecho poco menos que de indecente. 98.000 euros, decía Xuclà, son muchos euros, casi 9.000 más que lo que cobra la primera autoridad electa de España, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos emolumentos suman 89.303 euros, exactamente. Hasta diez presidentes de diputaciones provinciales (entre un total de 41, más los tres consejos insulares de Baleares y los siete cabildos canarios) superan ampliamente o igualan el sueldo del jefe del Ejecutivo.
Pero el sueldo de Vilert no es, ni de lejos, el más alto que tiene un presidente de diputación provincial. Girona, tras el notable aumento, se sitúa en cuarto lugar de una hipotética clasificación en la que el primer puesto corresponde al presidente de la Diputación de Barcelona, el socialista Celestino Corbacho, cuyo sueldo asciende a 144.200 euros. Una cantidad a la que hay que añadir, en este caso, los 87.000 euros como alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad en población de Cataluña, según afirmaron fuentes del propio consistorio. Es decir, que frente a los 89.303 euros de Zapatero, Corbacho se levanta más de 230.000 euros al año.
En segundo lugar, se sitúa el presidente de la Diputación de Lleida, el republicano Jaume Gilabert, que mantiene el mismo sueldo de su antecesor, el convergente Isidre Gavin: 108.220 euros. Con Gavin salieron del organismo hasta 16 asesores, cuyos sueldos sumaban un millón de euros anuales. Sus cargos no serán repuestos.
El tercer presidente mejor remunerado es el de Vizcaya, José Luis Bilbao, con 99.540 euros. El quinto es el de Palencia, Enrique Martín (PP), que se embolsa 97.339 euros. A continuación se sitúan los dirigentes de Álava y el de Castellón, el polémico Carlos Fabra. Éste caso es relativamente anómalo, porque los otros dos presidentes de diputaciones valencianas (Alicante y Valencia) arreglaron sus sueldos para no superar las percepciones del presidente Francisco Camps. Fabra no sólo lo supera sino que, además, ha hecho constar que por ese sueldo no puede reclamársele una dedicación exclusiva, de modo que puede mantener su actividad privada como abogado en los ratos libres. Con el de Tarragona, el convergente Josep Poblet (92.000 euros anuales) se cierra la lista de quienes tienen unos ingresos brutos anuales superiores a los del presidente del Gobierno español.
La compatibilidad entre actividades públicas y privadas no es cosa exclusiva de Fabra. En la pasada legislatura la tuvo también el presidente de Ourense, José Luis Baltar.
En la otra punta de la clasificación, la zona de los peor pagados está encabezada por el presidente de la diputación sevillana, el socialista, Fernando Rodríguez Villalobos, que percibe apenas poco más de una quinta parte que su correligionario de Barcelona: 51.936 euros. En segundo lugar entre los “peor pagados” se sitúa la presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonio Pérez León, con 59.336 euros, casi 600 euros menos que el presidente de Burgos, el también popular Vicente Orden Vigara. También se halla en este grupo el presidente de Zamora, Fernando Martínez, cuyo portavoz aseguró a este diario que el sueldo del presidente es “un asunto privado”.
De profesión, dar consejos
Cuando el pleno de la Diputación de Girona aprobó el aumento de sueldo de su presidente dio también dio luz verde a la contratación de asesores de libre designación para cada grupo con representación. Quizás por eso obtuvo el respaldo unánime de todos los partidos. Lo cierto es que las diputaciones son, para decirlo en palabras de un diputado socialista que prefiere ocultar su nombre, “oficinas de colocación” donde encuentran acomodo funcionarios de los partidos o candidatos no electos.El mayor número de asesores declarados (las diputaciones no se distinguen por su transparencia) ha sido detectado en Almería (PSOE): hasta 52 personas están contratadas para dar consejos. En Castellón, Carlos Fabra (PP) es asesorado por 36 consejeros que perciben globalmente 1.173.000 euros anuales.En Toledo (PSOE) el número de asesores se eleva a 25, mientras que en Sevilla son uno menos, 24. A partir de ahí, el número de contratados de libre designación no llega, en ningún caso detectado, a la veintena. En Huelva hay hasta 18 consejeros contratados, en Alicante, 16; en Albacete y Cádiz 15.En el caso de la Diputación de Valencia, el nuevo presidente, Alfonso Rus, ha anunciado que vigilará estrechamente que quienes cobren del organismo trabajen para él. En la pasada legislatura había varios casos que trabajaban en otros lugares, entre otros, por ejemplo, periodistas que ejercía sus labores en el gabinete de prensa de los socialistas.
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