Escucha, no todo es ladrillo

En 10 años se han edificado cinco millones de viviendas en España. La gran mayoría de los arquitectos que han construido bloques de pisos, ristras de casitas adosadas o chalés seudorrústicos que han desfigurado los campos, playas y ciudades del país no se sienten responsables del desastre y se amparan en su papel de técnicos encargados de que los edificios cumplan con la normativa y se adecuen a los planes urbanísticos municipales.

“Cuando acabé la carrera, en 1996, me hice el juramento hipocrático de que mi labor profesional se centraría en la rehabilitación y en la reutilización de los espacios existentes, pero que nunca construiría obra nueva. No quiero colaborar”. Itziar González Virós es uno de los escasísimos casos de desertores del ladrillo y no sólo ha mantenido su juramento sino que es una de las arquitectas más activas de Barcelona a la hora de replantear, siempre en equipo, el modelo urbanístico, tanto en lo que se refiere al análisis crítico de lo que está sucediendo como a la propuesta de alternativas que, en su caso, se concretan en su trabajo como experta en participación. Es decir, como técnica que media entre la Administración y los ciudadanos, los grandes olvidados de estos años, en un complejo y largo proceso que ha tenido uno de sus resultados más interesantes en el acuerdo para la reurbanización de la plaza Lesseps en Barcelona. Una gota de agua en un mar de cemento, pero algo es algo.

Ella nació en 1968 y se siente parte de la generación del baby boom que se ha formado en la universidad democrática con unos profesores que fueron, precisamente, los grandes críticos del urbanismo desarrollista franquista y que, con los años, se han integrado en las estructuras administrativas de ayuntamientos y comunidades o han tenido que abandonar sus ilusiones y esfuerzos por la presión de gestores y tecnócratas, que son quienes dominan ahora tanto la promoción inmobiliaria privada como la pública. “La nueva y durísima mercantilización de nuestras ciudades ha exiliado a la disciplina del urbanismo para situar, en su lugar, el virtuosismo del aprovechamiento y la edificabilidad, lo que yo denomino la urbanología”, indica González Virós. “Al joven arquitecto le cuesta mucho alcanzar la experiencia de lo urbano porque está en manos de esta industria que dominan abogados y promotores y que ha simplificado el reto de construir y planificar la mixtura y la complejidad. Los del 68 reclamaron equipamientos y zonas verdes, algo que no puede decirse que se haya conseguido del todo. Nosotros reclamamos vivienda y participación. Ellos consiguieron la democracia formal y nosotros queremos la democracia real, participativa y culta, es decir, que se cultive a los que viven la ciudad, que aumente su implicación política, que haya libre intercambio de reflexión, información y formación”.

Es un cambio de paradigma en el que no está sola, aunque son voces aún minoritarias en el espectro mediático de la arquitectura española. En la otra punta del país, en Sevilla, el colectivo Arquitectura y Compromiso Social está en la misma batalla. “Hay un error en la formación de los arquitectos porque se les prepara desde el paradigma del arquitecto artista, es decir, ha habido un hiperformalismo que ha supuesto la dejación de la responsabilidad social del arquitecto, que cuando acaba la carrera ve que prácticamente su única salida profesional es trabajar para promotores”, indica Esteban de Manuel Jerez, miembro del colectivo que, entre otros proyectos, trabaja en el plan de rehabilitación del Polígono Sur de Sevilla y, más concretamente, en el famoso barrio de las 3.000 viviendas, “el mayor gueto de España”, explica. “Lo que no puede ser es que se hagan planes generales de nueva construcción cuando, por ejemplo, en Sevilla hay 40.000 viviendas vacías. Los aspectos de rehabilitación son fundamentales, pero el problema es que, por una parte, la principal y casi única forma de financiación que tienen los ayuntamientos es el urbanismo, es decir, la nueva construcción; y, por otra, la economía española depende del ladrillo, por lo que es un tema sensible que no se aborda a fondo. La base del problema es el precio del suelo, cualquier intervención que se pretenda hacer desde la arquitectura en el aspecto formal, tecnológico o de abaratamiento de materiales no sirve de nada”.

La Ley del Suelo de 1998, que ahora está en proceso de reforma y que supuso la consideración de todo el suelo como urbanizable salvo que hubiera un plan especial de protección, no fue el detonante del boom urbanístico actual, que había comenzado ya a principios de la década, pero lo multiplicó y sirvió para justificar la fiebre constructora que estamos sufriendo. El problema es que el paisaje de grúas en el que se ha convertido todo el país en gran parte está amparado por la legalidad, la voluntad política de impulsar la economía a través del tocho y la complacencia de muchos ciudadanos que se han enriquecido con el proceso.

“El desarrollo sostenible, la contención urbanística y la defensa del patrimonio no dan votos”, explica el arquitecto cántabro César Gutiérrez, que en 2005 dimitió como concejal socialista del Ayuntamiento de Potes, en el que había ejercido la oposición a lo largo de 14 años, porque, decía en su escrito de despedida, “los vecinos eligen a los que mejor les representan por ser parecidos a ellos”. “No se puede salvar a nadie a la fuerza”, indicaba, y concluía: “Mientras tenga ojos para ver, no podré evitar sufrir la degradación galopante de mi pueblo, pero al menos a partir de ahora no tendré la mala conciencia de pertenecer a una corporación municipal que, cuando no promueve, tolera la ruina fraudulenta y el desguace sistemático del conjunto histórico de Potes”.

Gutiérrez cree que nada ha cambiado desde entonces, todo lo más ha empeorado, y que el problema es grave en los pueblos pequeños ya que se otorga un gran poder a las corporaciones pese a que no tienen ni capacidad ni conocimientos de gestión adecuados. “La cuestión urbanística es irresoluble porque es una competencia muy golosa para los municipios y en la que hay demasiados intereses. La gente, además, se queja ante algún caso concreto de destrozo, pero en general no se escandaliza y lo ve como normal. No es un problema de corrupción, que también la hay en ocasiones, sino que los mismos vecinos piensan que es mejor no entrar en el tema porque ya les va bien así”.

En España están colegiados unos 40.000 arquitectos de los que casi el 80% son profesionales liberales, es decir, asumen el seguro de responsabilidad civil por su trabajo. Sólo unos pocos consiguen la fama o el prestigio de salir en las revistas y allí está una de las grandes contradicciones de la situación española. Los profesionales de élite, tanto nacionales como internacionales, sirven en bandeja a los políticos la excusa “cultural” de muchas de las grandes operaciones urbanísticas con edificios singulares o actuaciones parciales que poco tiene que ver con la mayoría de las obras que rodean estos proyectos y que son las que realmente están modificando el paisaje urbano y rural de España. La realidad es que la arquitectura española está en manos de los arquitectos anónimos que trabajan para los grandes promotores y que repiten el mismo modelo con el único objetivo de rentabilizar el beneficio del suelo y de la construcción.

“A los arquitectos estrella se les ha utilizado para justificar operaciones urbanísticas que son, cuando menos, dudosas”, indica Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). “El arquitecto tiene una responsabilidad social y personal en lo que está sucediendo y no vale ampararse, como dicen algunos, en que es un trabajo técnico y la culpa es de la empresa o la administración para la que se trabaja. Creo que en los últimos años algunos colegios han entendido que no se trata de proteger a sus miembros de forma corporativa sino de velar por el prestigio y la responsabilidad social de la profesión. En el terreno interno, los colegios tienen mecanismos disciplinarios y códigos éticos que deberían aplicar para evitar algunos de los desmanes que hacen sus colegiados, y, en su proyección pública, pueden hacer oír su voz sobre los destrozos del paisaje y del patrimonio del país”.

Aunque la realidad es la que es y parece evidente que esta responsabilidad personal y social no la asumen todos por igual, algunos colegios profesionales están por la labor. Puede sorprender después de todo lo que se sabe del caso Andratx y echando un vistazo a la sistemática destrucción constante del paisaje mallorquín, pero el Colegio de Arquitectos de Baleares llegó a inhabilitar hace un año a un arquitecto y ha sido activo en la denuncia de casos de supuesta corrupción de sus colegiados, como el de un arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sant Josep de Ibiza que informaba, por supuesto favorablemente, los proyectos de su nuera en el propio municipio, en cuya redacción se sospechaba que él había participado, en una zona, además, protegida. “Tenemos un código ético bastante más estricto que el resto sobre incompatibilidades y desde hace un año funciona una comisión dentológica cuyo objetivo no es esperar que lleguen los casos cuando el daño está hecho sino tener una acción preventiva, es decir, a la mínima sospecha se abren expedientes de información”, explica Luis Corral, decano de este colegio.

“No es una oficina que surja del caso Andratx”, añade. “Ya habíamos colaborado con la fiscalía antes de esto y ahora la colaboración es más intensa. No todos los arquitectos son corruptos y de lo que se trata es de que los casos aislados, que existen, no pongan en cuestión la labor de los arquitectos en general. Ahora la labor de la justicia, que durante un tiempo tuvo una cierta dejadez en estos casos, es más potente y no se va a parar aquí. Vamos a colaborar para clarificar esta situación y además iniciaremos todos los expedientes informativos y disciplinarios que hagan falta”.

Si los arquitectos y sus colegios tuvieron un papel importante durante la transición, desde finales de los ochenta y hasta casi entrado el nuevo milenio, su voz crítica quedó diluida en los aspectos técnicos del visado y servicios a los colegiados sin más repercusión social que la pátina cultural de sus exposiciones, generalmente autocomplacientes. “En la Comunidad Valenciana, los arquitectos municipales están en primera línea de fuego y han sufrido muchas veces presiones increíbles. Cuando han pedido el apoyo del colegio se ha respondido, pero a veces de forma más testimonial que eficaz”, reconoce Fabián Llisterri, ex decano del colegio de la Comunidad Valenciana, una de las más afectadas por el urbanismo salvaje y en la que han aparecido numerosas asociaciones y colectivos, en los que participan arquitectos y otros profesionales además de vecinos afectados, críticos con el modelo imperante. “Los arquitectos tenemos una responsabilidad específica que no podemos obviar, lo que ocurre es que nuestra influencia es muy limitada porque quien legisla y aprueba los planes es la Administración. Aun así, y muchas veces en ambientes hostiles que apoyan el crecimiento sin límites, algunos hemos participado en debates y firmado manifiestos en defensa de una actitud más racional y respetuosa con el territorio o la sostenibilidad y, como pasa en otros estamentos de la sociedad, también hay un sector de arquitectos que ha apoyado y se ha beneficiado del urbanismo galopante que hemos sufrido”.

De entre los manifiestos que ha firmado Llisterri destaca el que lleva por título Por una nueva cultura del territorio, presentado en marzo de este año y que ya lleva recogidas más de 700 firmas de arquitectos, urbanistas y geógrafos, un colectivo este último que figura entre los más activos en la crítica a la desaforada urbanización del país. “El manifiesto surgió de un grupo de profesionales preocupados por la evolución del modelo territorial, no tanto por la corrupción sino por el mismo modelo del uso del suelo”, explica Rafael Mata, uno de los promotores del documento y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. “Los delitos urbanísticos existen y la justicia tiene que perseguirlos, pero dentro de la legalidad el modelo actual también es lesivo para el medio ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos y para asegurar el acceso a la vivienda. No fue un manifiesto respuesta a lo que pasó en Marbella, aunque coincidió en el tiempo, sino que va más allá. Está fallando el modelo. Se construye sin planificación, a golpe de planes parciales o actuaciones singulares que no están contempladas en una planificación seria del territorio. Y, cuando la hay, los planes se sortean o no se aplican adecuadamente, de manera que lo que la ley contempla como excepción se está convirtiendo en la regla”. Es lo que pasa, añade, con el suelo, que ahora es todo edificable hasta que no se demuestre lo contrario. Y así nos va. Lo dicho, hacen falta más desertores.