Encorsetada por la protección de la Vega, Granada tiene que buscar nuevos terrenos para crecer en zonas de hasta un 80% de desnivel, poco aptas para la construcción y con ciertos condicionantes.
Publicado en Granada Hoy el 13/09/2009.
Desniveles medios del 40 y el 50%, paso de redes fluviales importantes, vías pecuarias, vegetación protegida y masa forestal con alto riesgo de incendio. Éstas son las características más comunes de los terrenos donde la ciudad podrá crecer en la próxima década, si se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesto por el Ayuntamiento de Granada. La capital cada vez se encuentra más encorsetada para crecer. La alta protección que tiene gran parte del suelo de su término municipal es un límite a la expansión del que siempre se lamentan los dirigentes locales. La principal frontera es la Vega, pues sería la zona de expansión urbanística más ‘fácil’, al tratarse de una gran planicie que difiere mucho del resto de terreno escarpado que rodea la ciudad.
El actual gobierno del PP planteó hace dos años una intromisión urbanística en terrenos de Vega que actualmente ya están afectados por construcciones ilegales o la degradación agrícola.
Pero las normas supramunicipales y la negativa inicial de la Junta de Andalucía han obligado al Ayuntamiento a buscar otras alternativas de crecimiento. El nuevo PGOU aprobado inicialmente por el pleno se ajusta a esos límites impuestos por la protección de los terrenos y plantea la expansión residencial (propone construir casi 13.000 nuevas viviendas) en otras zonas de la ciudad que no están especialmente protegidas, fundamentalmente en el Sur y en el Norte.
Pero esos terrenos propuestos para el crecimiento residencial (Los Rebites y El Fargue) plantean dificultades excepcionales, como aparece en el informe de impacto ambiental del propio PGOU. Se trata de suelos muy escarpados, que se sitúan en los bordes de la depresión de Granada. Los desniveles del terreno sobre el que se tendrían que construir viviendas llegan, en algunos casos, hasta el 80%.
Esta condición implica una serie de dificultades naturales, entre las que destacan la presencia de redes fluviales que, si no se tratan adecuadamente, pueden dar lugar a riesgos de inundaciones.
No obstante, esas nuevas construcciones y las zonas verdes que estarían asociadas también podrían tener sus efectos positivos sobre el entorno, pues permitirían unir la superficie urbana dispersa (como en el caso del Fargue) y amortiguar y solucionar algunos problemas actuales de vertidos incontrolados y construcciones ilegales.
El informe de impacto ambiental propone una larga lista de medidas correctoras en casi todas esas superficies propuestas para la construcción de viviendas. Aunque en cada zona se especifican las propuestas concretas, son muy coincidentes algunas recomendaciones, pues el problema común deriva del uso de terrenos que forman parte de barrancos y laderas de montañas.
Una de las medidas recomendadas es la detección de fallas en el terreno para no construir encima o la futura indicación a los constructores para que tomen medidas adicionales antisísmicas, por la incidencia de este fenómeno en el terreno.
Otro de los aspectos más importantes y reseñados en el informe medioambiental es el impacto sobre la red hidrológica, tanto la principal como la secundaria. En algunos casos, como en los terrenos que se reclasificarían junto a la Carretera de Víznar, drenan directamente a la ciudad y las actuaciones “son susceptibles de generar problemas de inundación”.
En El Fargue se han señalado zonas para edificar donde hay una “escorrentía superficial en periodo de precipitaciones de cierta intensidad y descargas de aguas subterráneas procedentes de la Sierra de Huétor”.
Pese a todo, esas características del terreno no son insalvables, pues el informe de impacto ambiental declara que los suelos son aptos, aunque hay que aplicar medidas correctoras y eliminar potenciales riesgos. Esa aptitud se convierte en baja sólo en algunos tramos de terreno señalados.
Respecto a la incidencia sobre la red hidrológica, el informe destaca el paso de varias acequias por los nuevos terrenos urbanizables, entre ellas la Gorda y la de Aynadamar. Una de las exigencias planteadas es la conservación de esas acequias y la sujeción de las actuaciones a las directrices de las comunidades de regantes.
Una de las formas más comunes propuestas para salvar todos los problemas que presentan los recorridos del agua es la ubicación de espacios libres en zonas potencialmente inundables. Como dentro de cada nueva zona residencial se ha de reservar parte del suelo para las áreas verdes (al margen del que ya se ha reservado en el propio PGOU como sistema general de espacios libres), el informe propone que se ubiquen esas zonas verdes en los terrenos con más dificultades.
En estas zonas del borde la ciudad el informe detecta la presencia de algunas especies vegetales importantes, como encinares, olivos o masas forestales. “El alto valor del ecosistema determinará la necesidad de adoptar de medidas correctoras”, exponen los técnicos respecto a los nuevos suelos urbanizables en Carretera de Víznar. La medida propuesta es la conservación. Es decir, la misma solución que para las zonas fluviales: ubicar zonas verdes en los lugares donde hay especies que proteger.
El riesgo de la construcción de viviendas para las masas forestales no está sólo en la desnaturalización del entorno, sino en el alto riesgo de incendio. El informe de impacto ambiental pone el acento sobre esta cuestión tanto en Los Rebites como en las nuevas zonas de crecimiento de Carretera de Víznar y El Fargue. Para minimizar los peligros se propone la creación de una franja de seguridad de 15 metros de anchura mínima, libre de residuos matorral y vegetación en la zona de viviendas e instalaciones. También se han de tomar medidas adicionales como la creación de más vías de acceso, la señalización de calles sin salida o la instalación de sistemas contraincendios.
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