La Consejería de Obras Públicas se acoge a que en un suelo público no puede haber ‘parkings’ privados. La medida rompería las esperanzas de 900 familias.
Ha caído como un jarro de agua fría en el seno del equipo municipal de gobierno de la capital granadina. La Junta de Andalucía ha pedido a la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, la paralización de parte de los acuerdos municipales para la materialización de las obras que aún faltan por acometer en la barriada de Santa Adela y que, en caso de aceptarse la petición, romperían las expectativas de 900 familias, que esperan disponer de un nuevo hogar en el lugar donde ahora están sus infraviviendas.A última hora de la mañana de ayer, en la Alcaldía, se recibía un escrito del TSJA en el que comunicaba al Ayuntamiento la presentación de un recurso por parte de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. El recurso pide a los magistrados que ordenen la suspensión del acuerdo que permitía la materialización de una gran parte de la reforma de Santa Adela, y que se ordene «la paralización de las obras realizadas al amparo de ese acuerdo». El TSJA comunica el recurso al Ayuntamiento para que el gobierno local presente sus alegaciones y defienda su posición en este tema.
¿Qué implica?
En el caso de que la Justicia aceptase la petición de la Junta de Andalucía, la totalidad de lo que queda por hacer, excepto las obras que ahora están en marcha, tendría que pararse, y si el TSJA le da la razón a la Junta, anularía completamente la continuidad del proyecto. El Ayuntamiento tendría que volver a empezar las tramitaciones, de otra forma, para los nuevos edificios y zonas de uso público.
Según los datos de la Gerencia de Urbanismo, el recurso de la Junta afectaría a las fases tres, cuatro, cinco, seis y la calle Cataluña, que en este momento están en fase de conversaciones con los vecinos para consensuar sus nuevas casas, y en periodo de redacción de proyectos. Las fases tres, cuatro y cinco, más la de la calle Cataluña, contemplan la construcción de 986 viviendas nuevas, que sustituirán casi 900 de las infraviviendas que ahora existen en esa zona del barrio, donde habitan el mismo número de familias, que tienen puestas sus esperanzas de conseguir una nueva casa en la viabilidad de este proyecto.
Además afectará a la construcción de una serie de equipamientos públicos, como plazas, centros ciudadanos, aparcamientos y parques. Rompe, en definitiva, la continuidad de lo ya iniciado en Santa Adela con la construcción de dos nuevos bloques y la actual obra de otros cuatro bloques nuevos.
Para el alcalde de la ciudad, «se trata de acabar con el proyecto social más importante de los que se han acometido en Andalucía en las últimas décadas».
La base
El recurso de la Junta de Andalucía se basa en una presunta irregularidad con respecto a la Ley del Suelo. Según el escrito de la Junta, el acuerdo del pleno de 21 de diciembre de 2007, contemplaba entre otras muchas cosas, la existencia de aparcamientos subterráneos privados bajo la superficie de una de las futuras plazas públicas a construir en la barriada. Según indican al juez, la ley impide que el subsuelo de un equipamiento público sea de dominio privado o se pueda comerciar con él, ya que el Ayuntamiento pretende dotar hacer parte de los aparcamientos de los vecinos bajo esa plaza, además de contar con otros estacionamientos para vender a precio de mercado y conseguir financiar parte del proyecto del barrio.
Para la Junta también es irregular que en el acuerdo plenario, que votó afirmativamente el PSOE junto al PP, se realiza sin contar con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, que debe informar sobre las modificaciones de zonificación o uso que se le de a espacios públicos. También indican que los usos deben ajustarse a lo que señala el PGOU, o en su defecto, modificar el planeamiento para poder cambiar el uso del suelo. Aseguran que la Ley del Suelo de 2007 indica que no puede crearse un complejo inmobiliario sin modificar previamente el planeamiento general. El gobierno autónomo teme que en un futuro, terceros adquirientes de parcelas y edificios, que entreguen cantidades a cuenta del precio de compra, hipotecas, etcétera, se vean perjudicados cuando se comprobase la ilegalidad del proyecto y hubiese que derribar lo construido. Por ello, piden al juez, que tome medidas cautelares y paralice las obras o acciones que se puedan tomar en relación con el proyecto.
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