Carmen Pérez Porcel, Ciudadanos por Granada.
Las Fundaciones son personas jurídicas sin ánimo de lucro dotadas de un patrimonio propio que les sirve para obtener los fines que persiguen y que, a su vez, tendrán que cuidar (del patrimonio) como medio para la consecución de tales fines. Aunque sean personas jurídicas privadas, pueden pertenecen al sector público cuando han sido creadas por un organismo administrativo con capacidad para ello, pero en el caso de la Fundación Emasagra… ¿hasta que punto se considera como perteneciente al sector público, cuando el organismo administrativo que le aporta su patrimonio fundacional tiene de público sólo el 51%?
El estudio de la FACUA (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía) del pasado año sobre el incremento de las tarifas del agua a nivel de toda España, nos sitúa en cuarto lugar junto con Almería y Murcia. Si en 2007 fue el canon de sequía, en 2008 ha sido la subida de los costes de la energía eléctrica, la reducción del consumo del agua y los efectos de las inversiones que se están realizando, el caso es que ha vuelto a subir la tarifa del agua por segundo año consecutivo, entre otras razones, porque hemos seguido las ecológicas, sostenibles y medioambientales recomendaciones que, insistentemente, nos hace el Gobierno para que ahorremos agua.
Aunque no lo parezca con estas glosas sobre las tarifas del agua seguimos tratando del tema de las Fundaciones, y más en concreto de la Fundación Emasagra donde lo “uno” tiene que ver (y mucho) con lo “otro”, pero antes de dar las razones que nos llevan a tener este convencimiento decir que una subida tarifaría de casi cuatro veces el IPC es todo un despropósito, pero que aún lo es más cuando dicha subida se quiere justificar con un argumento tan pérfido como el de que hemos gastado menos agua.
La decisión de crear la Fundación (aunque los promotores digan lo contrario) se tomó en detrimento de las necesidades inversoras de Emasagra como empresa suministradora y un claro ejemplo de las carencias denunciadas lo tenemos en el último Convenio que ha firmado con la Comunidad de Regantes de la acequia de la Arabuleila, aunque lo realmente destacable de la noticia que el pasado 13 de febrero nos daba su consejero delegado no es que vaya a redimirnos de actuaciones molestas y costosas (concretamente, de un colector de tres millones y medio de euros) sino que el antediluviano problema de inundaciones que hay en la zona del Paseo de la Bomba con las lluvias torrenciales, al final se resuelve con el uso compartido de un canal de riego del siglo XIV… en pleno Siglo XXI.
Así pues resulta evidente que la decisión de crear la Fundación a pesar del déficit en infraestructuras no ha sido acertada, pero una vez ya creada ha sido aún peor porque se han seguido tomando decisiones erróneas como la de colocar una fuente ornamental, encargar una sinfonía del agua o promover unos premios de pintura, periodismo e investigación, decisiones, todas ellas, que nada tienen que ver con la preservación del medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales (fundamentalmente del agua) o la defensa de la naturaleza fomentando el desarrollo sostenible, que son realmente los fines que tiene que perseguir como Fundación Medioambiental.
Pero dejemos a un lado lo que ha sido la botadura de la Fundación para centrarnos en las rutas que ésta debe marcarse a partir de ahora, porque si entre los patronos hay navegantes tan ilustres como un empresario de éxito, un periodista veterano, un prestigioso diplomático y un reconocido investigador, éstos se deberían de imponer al resto para impedir que la Fundación permanezca siempre varada en las mismas aguas (que no son otras que las de Emasagra). Para que pueda seguir a flote tendrán que levantar el ancla y dirigir el rumbo hacia otros destinos que la lleven a ser autosuficiente tales como ejercer el comercio o dedicarse a actividades lucrativas que le permitan obtener excedentes (que no beneficios) con los que poder seguir cumpliendo los fines o incrementar el patrimonio en los porcentajes que establezca la ley.
De todas las que encierra esta historia, la mayor picaresca está en el uso interesado y partidista que hacen ciertos representantes políticos de un bien tan escaso y de primera necesidad como es el agua. Por una parte está Don Francisco Alvarez de la Chica (secretario provincial del PSOE) que pone en entredicho las decisiones que se están tomando en el seno de Emasagra, pero sólo para criticar la no adhesión al ciclo integral del agua porque en el tema de la Fundación su partido no sólo votó a favor de la misma sino que también participó en el proceso de creación nombrando representantes para el equipo de promotores. Y por otra parte está Don Sebastián Pérez Ortiz (presidente provincial del PP y consejero delegado de Emasagra) que no aplica el canon ecológico de la Junta de Andalucía para el desarrollo de la ley del ciclo integral del agua, porque dice que se trata de una subida encubierta para derivar a los ciudadanos los gastos ocasionados por la mala gestión de la Junta en materia de agua y luego es él quien nos aplica sus propios cánones (sequía, inversiones, bajo consumo, etc…) eso si, con otros argumentos… pero lo mismo de pueriles que los de la Junta.
Un conocido poema de Bécquer nos ha inspirado el siguiente final para todas estas reflexiones… ¿Qué es la Fundación?, se preguntaba Don Sebastián mientras trasvasaba el caudal (de los dineros) al patrimonio fundacional como saldo azul. ¡Que es la Fundación!, ¿y tu lo preguntas?, la Fundación eres tú.
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