Publicado en Granada Digital el 20/10/2007.
La delegada de Medio Ambiente en Granada, Marina Martín, mantiene que el procedimiento seguido por la administración respecto al teleférico a Sierra Nevada se sustenta en la “transparencia y rigurosidad”, y que ésos serán los parámetros que guiarán a la Junta en su decisión final sobre el proyecto. En declaraciones realizadas, la delegada ha eludido entrar a valorar las manifestaciones realizadas ayer por el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), que confió en que la Junta no dé una “patada en el trasero” a los granadinos oponiéndose al teleférico de iniciativa privada que pretende unir la capital y Sierra Nevada, y del que defendió su carácter “no contaminante” como medio de transporte.
En la actual fase del procedimiento, “las declaraciones -sobre el teleférico- de una institución tienen para la Delegación de Medio Ambiente el mismo valor que la de cualquier asociación o colectivo que manifieste su opinión al respecto”, ha precisado la delegada.
Martín entiende que la Delegación de Medio Ambiente, que deberá emitir la declaración de impacto ambiental del proyecto, “no puede ser juez y parte” en el asunto, que está siendo abordado por la administración autonómica “con transparencia y rigurosidad”.
La Delegación está a la espera de que los promotores del teleférico le remitan la información demandada recientemente por la Consejería de Medio Ambiente tras detectar deficiencias en el proyecto presentado, algunas relacionadas con el impacto ambiental.
La Junta optó por demandar a los empresarios información complementaria dada la “complejidad” del proyecto, según Martín, que ha explicado que los promotores, que mantuvieron el jueves pasado una reunión técnica con la Delegación de Medio Ambiente a petición propia para aclarar algunos aspectos, podrán pedir una prórroga en la entrega de la documentación requerida si lo consideran oportuno.
“Nos han tachado incluso de blandos con esta forma de actuar, pero estamos intentando ser transparentes y rigurosos”, ha agregado.
El proyecto del teleférico, que aspira a convertirse en el mayor del mundo, fue rechazado recientemente por el Organismo Autónomo Parque Nacionales, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, al considerar que esta iniciativa privada incidiría en el Parque Nacional al que circunda y no reviste “utilidad pública”. En el informe que el organismo gubernamental remitió a la Delegación de Medio Ambiente, advertía de que la acción propuesta es “desequilibradora”, podría provocar indeseables “movimientos de reacomodo territorial”, encuentra “difícil encaje” en el contexto de la legislación básica del Estado en materia de Parque Nacionales, presenta elementos de “incompatibilidad” con los principios que los rigen y pone en marcha una “dinámica de transformación futura”.
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