Publicado en Ideal el 17/05/2007.
IU se comprometió ayer a hacer una auditoría para revisar las licencias urbanísticas concedidas en la provincia en los últimos cinco años y presentó un decálogo de urbanismo sostenible que incluye una Comisión Provincial de Ordenación del Territorio «más participativa y profesionalizada».El portavoz de la Asamblea de IU en Monachil, José Antonio Cabrera, consideró «fundamental» efectuar una auditoría en la que se revisen y esclarezcan las condiciones en que se concedieron todas las licencias urbanísticas de la provincia en los últimos cinco años y se comprometió ha hacerlo si resulta elegido, ya sea como miembro del gobierno o en solitario.
Además, criticó que el PSOE no haya hecho «nada» en los últimos ocho años para modificar las normas urbanísticas abiertas que han permitido toda clase de desmanes en Monachil, que, según dijo, se encuentra a la cabeza en número de denuncias e infracciones urbanísticas después de la localidad costera de Almuñécar.
Por su parte, el coordinador provincial, Pedro Vaquero, presentó el decálogo desarrollado por IU para conseguir un urbanismo sostenible y participativo, que facilite a los ciudadanos la información suficiente para que puedan incidir en el planteamiento urbanístico, «tanto en las fases de aprobación de los PGOU, como en las modificaciones posteriores», tales como planes parciales o convenios
Propuestas de cambio
Entre los diez puntos de este decálogo, IU propuso dar un cambio «drástico» a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, ya que este organismo «no debe estar compuesto por una serie de alcaldes que son jueces y parte y que se cubren las espaldas unos a otros», criticó el dirigente de izquierdas, quien recordó que el regidor municipal de Armilla, José Antonio Morales (PSOE), imputado en el Caso Nevada, forma parte de esta institución.
En este sentido, Vaquero, que calificó a la actual comisión de «insostenible e insalubre», propuso crear un organismo más profesionalizado y con mayor capacidad de participación de los agentes sociales, tales como sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios y ecologistas, entre otros.
También propuso dotar de más medios materiales y humanos a la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJA y al SEPRONA de la Guardia Civil, así como planteó la necesidad de crear una unidad de la Fiscalía Anticorrupción en Granada ya que, según dijo, las diligencias de investigación abiertas por casos urbanísticos se han multiplicado.
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