La nueva ordenanza se aprobará en el pleno municipal que se celebrará el día 30 de marzo.
Publicado en Ideal el 16/03/2007.
La nueva normativa contra el ‘botellón’ no tiene contemplaciones para quienes organizan las concentraciones de jóvenes en la ciudad. La ordenanza municipal que ya se ha terminado y ha pasado el trámite de alegaciones y exposición pública, contempla como falta grave la organización de los eventos, y con ello, las llamadas al ‘botellón’. Tipifica esta acción como una falta grave y, por tanto, puede sancionarla hasta con 24.000 euros (4 millones de pesetas) y si el infractor, ya sea una persona o una empresa, son reincidentes, puede llegar a la friolera de 60.000 euros (10 millones de pesetas). Es parte de un texto que será de obligado cumplimiento a partir del próximo día 30 de marzo, la fecha en la que será aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Granada.
La capital granadina no puede ser la meca de los ‘botellones’. Así lo entiende el actual equipo municipal de gobierno, del Partido Popular, que considera que el derecho al ocio no puede estar por encima del derecho al descanso de los ciudadanos. La ordenanza, que no ha recibido demasiadas alegaciones de colectivos ciudadanos, se convierte en la aplicación local de la Ley del Ocio de Andalucía, también conocida como la ‘ley seca’, ya que la base fundamental está en la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, fuera de los recintos expresamente habilitados para ello.
En el texto se mantiene, como se había anunciado en un principio, que el Ayuntamiento contemplará espacios para el ‘botellón’ o las concentraciones. Serán los únicos donde estará permitido el consumo. De hecho el futuro ‘botellódromo’ está a punto de acabarse en el espacio situado entre el Hipercor y la Circunvalación, en la plaza que se construye sobre un nuevo gran aparcamiento público de borde.
La ordenanza no es tan restrictiva como en un principio marca la legislación andaluza, que taxativamente prohíbe el alcohol en la calle, ya que la norma local que se aprobará a final de mes, se refiere claramente a la prohibición de consumo en reuniones y concentraciones, es decir, para el ‘botellón’. La norma impide, «la permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas». La participación en esas concentraciones consumiendo alcohol puede ser sancionada desde 100 a 300 euros, al ser tipificado como falta leve.
Pero la normativa local va dirigida especialmente a romper el negocio del ‘botellón’. Considera con sanciones graves todo lo relacionado con la venta de ‘botellonas’, es decir la venta en establecimientos no autorizados, la que se realiza por teléfono, la que se hace en furgonetas situadas en lugares próximos a las concentraciones, e incluso por parte de bares si ese producto se expide para ser consumido en la calle. La ordenanza es muy dura en este sentido, ya que especifica como falta grave, «las actividades comerciales de aprovisionamiento de bebidas para su consumo en los espacios abiertos autorizados mediante encargos realizados por vía telefónica, mensajería, vía telemática o cualquier otro medio».
Otra de las cuestiones en las que incide la ordenanza es en las actuaciones, que al margen del alcohol, van en contra de los derechos de los ciudadanos y del descanso. Considera que acciones como hacer ruidos por la noche, destrozar mobiliario público o incluso tirar petardos, es sancionable hasta con 300 euros. La normativa dice que está prohibido expresamente: “Actuar sobre bienes públicos o privados, en forma que sea contraria a su uso o destino o implique su deterioro . Perturbar el descanso de los vecinos produciendo ruidos u olores que alteren la normal convivencia Disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios Impedir o dificultar deliberadamente el normal transito peatonal o de vehículos», es decir elementos que perturban el desarrollo de la vida ciudadana.
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