Publicado en La Opinión el 18/12/2007.
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), Antonio Viruez, se reunirá hoy con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, a quien le solicitará que abra una investigación acerca de la aplicación de la Ley Antibotellón, poniendo “especial atención” en el horario de venta de alcohol y en la facilidad con la que pueden comprar bebidas alcohólicas los menores de edad.
Viruez, que estará acompañado por los representantes vecinales de Huelva y San Fernando (Cádiz), dos de los lugares más afectados, presentará a Chamizo un informe sobre el problema, con el que espera conseguir que los ayuntamientos infractores abandonen su postura y se comprometan con los vecinos a solucionar estas irregularidades. De no ser así, la organización vecinal procederá a denunciarlos ante la Fiscalía.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya advirtió a los ayuntamientos andaluces de que la Ley Antibotellón “está para cumplirla” y aseguró que la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA), contará con su apoyo en su empeño para que dicha normativa se aplique rigurosamente en la Comunidad.
En declaraciones a Europa Press, Chamizo indicó que en la reunión que mantendrá con el presidente de la CAVA, Antonio Viruez, debatirán sobre la situación de Andalucía en lo que a aplicación de la norma se refiere. Si bien, consideró que dicha organización está “en todo su derecho de denunciar ante la Fiscalía a todos aquellos ayuntamientos que no cumplan la Ley”, ya que, según dijo, “la Ley está para cumplirla”.
No obstante, respecto a la petición de la CAVA de que la Oficina del Defensor del Pueblo realice una investigación sobre el grado de incumplimiento la normativa y en qué lugares se vende alcohol a partir de las 22.00 horas, así como también a menores, Chamizo subrayó que “quien tiene que realizar dicha investigación es la Policía, nosotros no tenemos los elementos en la noche como para poder llevarla a cabo”.
“NINGÚN TIPO DE CONTROL”.
Viruez, aseguró que en la “práctica totalidad” de Andalucía se venden bebidas alcohólicas a partir de las 22.00 horas y que no existe “ningún tipo de control” sobre la venta de alcohol a menores, “quienes consiguen comprarlo con la misma facilidad que si tuvieran más de 18 años”.
La CAVA presentó en el mes de octubre un informe sobre el incumplimiento de la Ley Antibotellón en Andalucía realizado después del verano en 23 ciudades y municipios andaluces donde la CAVA tiene representación. Dicho estudio apuntaba que la citada normativa “progresa adecuadamente” en muchas localidades de la Comunidad y en ciudades como Cádiz, Granada o Málaga, si bien en “muchas otras” se incumplen la mayoría de las exigencias de la nueva ley.
Entre los lugares en los que se vende alcohol transcurridas las 22.00 horas dicho informe señala las localidades gaditanas de Arcos de la Frontera, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando y Ubrique, además de la capital. A ellas se unen Almería, Córdoba, Granada, Linares (Jaén) y Sevilla.
No obstante, las ciudades de Andalucía que, según apuntó el presidente de la CAVA, se encuentran a la cola en incumplimiento de la normativa son Sevilla, Huelva y San Fernando (Cádiz). En todas ellas destaca “la falta de actuación policial y la desidia y desinterés por parte de los ayuntamientos”.
SÓLO TRES AYUNTAMIENTOS PIDEN AYUDAS.
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), Antonio Viruez, consideró hoy “lamentable” que tan sólo tres ayuntamientos de toda la comunidad autónoma andaluza, ninguno de ellos del PSOE, hayan solicitado subvenciones a la Junta de Andalucía para hacer frente a la construcción o adecuación de zonas habilitadas para que los jóvenes puedan consumir bebidas alcohólicas en plena calle sin ser sancionados por la Policía Local.
En declaraciones a Europa Press, Viruez señaló que los consistorios que hasta el momento han solicitado a la Consejería de Gobernación ayudas al respecto son los de Ubrique (Cádiz), gobernado por la coalición PP-PA; Espera (Cádiz), liderado por IU, y finalmente, Cádiz, gobernado por el PP. Si bien, aunque dijo desconocer las cifras económicas que los últimos han recibido para ello, sí precisó que el de Ubrique ha recibido unos 110.000 euros.
El presidente de la CAVA indicó que el departamento del ramo, principal promotor de la Ley Antibotellón, dispone de un presupuesto de 47 millones de euros para la dotación de servicios a los ayuntamientos, que será aprobado en el último pleno de este año. Por ello, dijo no entender porqué la mayoría de los ayuntamientos “se queja de que no tiene dinero y no pide tan siquiera ayuda a la Junta”.
En esta línea, Viruez apuntó que la Junta de Andalucía “ha hecho sus deberes”, mientras que los consistorios son quienes no han querido aplicar “como es debido” dicha normativa, lo que, a su juicio, es “verdaderamente escandaloso”.
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