Fernando Alcalde Coordinador de Energías Renovables de la Diputación de Granada.
Razones para el Cambio.
Nuestro actual modelo económico-social occidental se sustenta en un enorme consumo de energía. Su mantenimiento anual necesita de casi 16.000.000 MWh, que para 2010 alcanzará una cifra correspondiente a la utilización de 12.000 MTep. (millones de toneladas equivalentes de petróleo). Esto es, cada uno de nosotros usamos prorrateadamente casi 0,2 GJ/persona y día, 16 veces más que la energía que nuestro organismo necesita para el desarrollo de las funciones vitales (3000 Kcal/día), en un proceso que se ha multiplicado por 100 desde el inicio de la era industrial.
No obstante, no todas las regiones del planeta presentan la misma tasa de consumo. Suecia consume 150 veces más electricidad que Tanzania; un habitante de los países de la OCDE consume del orden de 8000 kWh/año frente a los 80 kWh/año de los más pobres. Casi 1600 millones de personas en el mundo no tienen acceso a electricidad y 2400 millones sólo tienen como combustible la leña.
El 85% del suministro de esta energía comercial en el mundo es de origen fósil. En los países de la OCDE, el 75% de este consumo se destina a la gestión urbana y al transporte. El consumo de energía primaria en España ha pasado de 91,8 Mtep en 1990 a 147,19 Mtep en el año 2007 (un 60,3% de aumento), año en que nuestra dependencia energética alcanzó el 79,3%, frente al 66% de 1990. La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas para España 2007-2016 estima que el consumo de energía primaria en nuestro país alcanzará los 155,5 Mtep en el año 2011 y de 164,95Mtep en 2016. De acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía, para 2030 el consumo de petróleo en el mundo alcanzará los 160 millones de barriles/día, mientras que la producción difícilmente podrá superar los 100 m.b.d.
Por otro lado, el consumo de combustibles fósiles está en la base de graves impactos ambientales y sociales de orden planetario. La contaminación del aire, agua y suelos, la deforestación, las graves afecciones sobre la salud o los graves impactos sociales en los territorios de extracción, cuando no sobre la estabilidad política de grandes zonas del planeta, hacen que haya sido definido como una amenaza muy superior a la de otros riesgos sociales o económicos. De entre ellos la mayor, sin duda, es su contribución al cambio climático procedente mayoritariamente de su uso en la generación de energía y del transporte junto con actividades industriales como el refino del petróleo, la fabricación de cemento y la siderurgia.
De acuerdo con el IPCC seria necesario reducir un 40% las emisiones GEI para el 2020 respecto de 1990 en los países industrializados, junto a un fuerte trasvase de tecnología a los países emergentes para mitigar el impacto del cambio climático global. Sin embargo, en 2007 las emisiones de gases de invernadero en nuestro país aumentaron un 1,8% respecto al año anterior. Asimismo el consumo de carbón creció un 8,8% y el de gas natural un 4,3%, mientras que el consumo de petróleo, a causa del aumento de los precios, apenas creció un 0,7% . España es así el país industrializado donde más han aumentado las emisiones, que para el periodo 2008-2012 superarán en un 45% a las del año base, en el mejor de los casos y, por tanto, no se logrará el objetivo previsto en el II Plan Nacional de Asignación (PNA), y tendremos que acudir a los tres mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kyoto que supondrán un coste de cerca de 4.000 millones de euros.
De nuevo, la responsabilidad sobre estos impactos no se reparte por igual. Mientras un español emitió de media el equivalente a 9,8 toneladas de GEI en 2007, la media internacional se situó en 7,2. Un estadounidense emite 20 toneladas al año, al tiempo que un chino no llega a cuatro. Pese a esta situación, a corto plazo el panorama no va a cambiar puesto que las economías occidentales y las emergentes (especialmente China) siguen apostando por el carbón. Sólo en Europa se construirán 40 nuevas centrales de carbón en los próximos cinco años.
Estrategias para el Cambio.
La transición desde el modelo energético basado en combustibles fósiles hacia un nuevo modelo sostenible pasa por el ahorro, la eficiencia, la neo-planificación energética de los grandes sistemas territoriales (transporte y urbano), la aportación masiva de la producción energética limpia y, necesariamente, la puesta en cuestión del modelo de crecimiento económico ilimitado y su desacoplamiento del consumo energético.
La UE consumió en 2005 1750 Mtpe. El potencial estimado de ahorro en la EU25 se sitúa entre el 25 y el 30% según sectores de consumo. Así los edificios (sector residencial y terciario) consumen el 40% de la energía y su potencial de ahorro es del 22%, alcanzando en iluminación incluso el 50%.
El rediseño de los sistemas territoriales constituye otro gran campo de actuación. El transporte por carretera es responsable del 22,9% de las emisiones en 2007, habiéndose incrementado desde 1990 un 97%. Este sector muestra grandes posibilidades de eficiencia mediante el traslado de los modos por carretera hacia los ferroviarios (hasta 3 veces menos consumo y hasta 28 veces menos emisiones. En España, el ferrocarril transporta el 5% de los viajeros-kilómetro y el 4% de las toneladas-kilómetro mercancía consumiendo el 1% de la energía del transporte) y el uso del transporte publico frente al privado (hasta 3,7 veces mas eficiente en Europa). El diseño de nuestras ciudades contribuye enormemente en este campo ya que la aplicación de un planeamiento urbanismo energético eficiente puede reducir los consumos en un 60%.
Por otro lado, la aportación de las fuentes renovables de energía es determinante en el nuevo modelo energético. España es líder en producción eólica; en 2007 alcanzó la cifra de 27.050 GWh, lo que supuso el 8,7% del total de la producción bruta (311.929 GWh) sin cuya aportación las emisiones habrían sido entre un 4% y un 6% más que las registradas. En el campo solar, España es la segunda potencia en cuento a potencia instalada aunque muy lejos de Alemania, pese a poseer un 40% más de radiación solar. Diferentes estudios (Greenpeace, Ecologistas en Acción) han puesto de manifiesto la posibilidad de abastecer la demanda eléctrica a través de estas fuentes holgadamente.
Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos puede alcanzar su objeto si no se redefine el concepto de desarrollo y su acoplamiento al consumo energético. A una tasa de crecimiento del 3% anual (cifra mágica por debajo de la cual ninguna economía quiere estar), el valor inicial se duplica cada 23 años, lo que significa que para 2092 se habrá incrementado un 1600% en 2115 el 3200% y en 2138 el 6400%. Es evidente que si no se produce esta remodelación del sistema, esto no será posible. Solo para abastecer las demandas actuales serían necesarias del orden de 20.000.000 Km2 de superficie cultivada (el doble del total actual) para abastecerla con biomasa; 10.000.000 Km2 para abastecer el consumo con energía eólica en lugares favorables o 1.000.000 Km2 de paneles fotovoltaicos ó térmicos.
Aquí la disociación entre crecimiento y desarrollo, la redistribución de la riqueza, la sustitución del PIB como criterio de medida de desarrollo humano y la limitación per capita del consumo surgen como nuevas centralidades, proponiendo el objetivo de reducir el consumo hasta una cifra próxima a los 1000-2000 kWh año per capita como meta deseable.
El papel de las ciudades en el cambio.
Los mecanismos para llevar a efecto este objetivo se encuentran en las ciudades, donde se consume el 40% de la energía primaria. La acción municipal es determinante en este campo a través de agencias, gestores o dinamizadores energéticos, mediante la creación de empresas de servicios y producción energética de participación pública y ciudadana apoyadas en la utilización de criterios de planificación urbanística, de diseño de los sistemas de transporte y aplicación de tecnologías eficientes. Se trata de conseguir un régimen de energía más endógeno y regionalmente autónomo que afecta a los usos del suelo y al transporte, la eficiencia y la gestión de la demanda, los instrumentos financieros, la normativa, la gestión de la producción renovable, entre otras. En suma se trata de un uso sostenible en los términos medioambiental, social y económico de su definición.
Pero además se trata de dar inicio a un nuevo paradigma: el de la generación distribuida como nuevo concepto de infraestructura y el prosumo (producción integrada en el consumo) que podrían conducir a la descomercialización y la desfosilización de la energía en el ámbito doméstico (Droege 2002)
Desde el punto de vista municipal, la participación público-ciudadana en el desarrollo energético sostenible consigue varios objetivos: la movilización de recursos financieros locales, la redistribución de rentas centro-periferia desde las zonas de consumo a la productoras, la conformación de un sector público energético con fuerte participación ciudadana con aportación de rentas e ingresos complementarios, la dispersión de las fuentes de producción, el acercamiento de la producción al consumo, la minimización del impacto ambiental y territorial, la mejora de calidad del servicio, entre otros.
En este marco es donde cabe el desarrollo de las empresas, cooperativas, sociedades y consorcios de gestión energética sostenible que abarca figuras instrumentales como las empresas de servicios de energías renovables (RESCOs) y las empresas de servicios de energías (ESCOs). Sin embargo, en el ámbito de la UE sólo el 16% de estas empresas son públicas o con participación pública pese a ser el sector público el mayor demandante de estos servicios.
El Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, prevé unas inversiones totales de 23.598 millones de euros que será financiado en un 77,1% (unos 18.197 millones de euros) por las empresas del sector energético; un 20% (4.719 millones) por los promotores (constructoras entidades financieras o firmas tecnológicas), y el restante 2,9% (680,93 millones), la Administración. Inversiones con una gran rentabilidad, retornada a través del incremento de la tarifa eléctrica (0,6% anual) destinado a financiar las primas a la generación de electricidad que alcanzarán los 4.956 millones de euros para las instalaciones que se pongan en marcha hasta 2010.
En este marco surge la propuesta de creación de las sociedades Populares de Inversión Energética que constituyen una propuesta de acción desde el municipalismo y la ciudadanía. En esencia, se trata de la constitución de cooperativas de producción energética nucleadas a partir de una propuesta municipal o multimunicipal (consorcio). El proceso parte de la identificación de la presencia del recurso energético (viento y sol esencialmente, aunque también geotermia y biomasa), la disponibilidad de soporte físico público donde aprovecharlo (suelo, techo) y la redacción de un proyecto de aprovechamiento. La iniciativa es ofertada a los ciudadanos del municipio en primera instancia con limitaciones en la aportación financiera (máximo de 30.000 €), y el proceso es impulsado y gestionado desde el liderazgo de la administración pública municipal.
Bibliografía
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