VEGA: Patrimonio Cultural

LA VEGA DE GRANADA COMO SOLUCIÓN Y APUESTA DE FUTURO

La reciente y pública reflexión que ha sido realizada desde la Academia de Bellas Artes de Granada ha puesto de manifiesto, una vez más, el largo y fértil diálogo sostenido a lo largo de la historia por los ciudadanos de Granada con La Vega. Esta situación ha sido objeto de una continua y a veces áspera controversia social y de una crítica generalizada al asistir la ciudadanía a la pérdida paulatina de innegables y extraordinarios valores históricos y medioambientales, algunos quizá irrecuperables, con una casi total impunidad, todo ello a pesar de las fórmulas legales de protección urbanística que han sido acordadas por las autoridades competentes en las últimas décadas.

Podemos considerar, por tanto, que las previsiones legales, cuando menos hasta la fecha, no han permitido una adecuada preservación de un entorno privilegiado que constituye, sin lugar a dudas, uno de los mayores activos que existen en la actualidad para el mayor desarrollo social y económico, tanto de la ciudad de Granada como de las distintas poblaciones de su Aglomeración Urbana, un activo que debe defenderse construyendo una racional ordenación del territorio conforme a distintos valores y principios defendidos por la Constitución Española de 1978 y por el Estatuto de Autonomía para Andalucía, tras la reforma operada en 2007.

Desde una perspectiva institucional, la defensa de La Vega ha concitado siempre la práctica unanimidad. Buena prueba de ello es la reciente declaración en defensa de La Vega de Granada como un valiosísimo y armónico exponente de Patrimonio Material e Inmaterial, declaración que fuera suscrita de forma unánime por todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Granada con fecha 18 de febrero de 2010. Pero esta noble defensa no debe basarse de forma exclusiva en meras declaraciones programáticas que, siendo muy necesarias y aconsejables, deben acompañarse de iniciativas concretas y de la instauración de fórmulas legales que mejoren la situación actual de este enriquecedor entorno de cara al futuro.

No cabe duda que la continua presión especulativa ejercida sobre el territorio de La Vega como soporte urbano ha terminado por vencer, en muchas ocasiones, el sólido argumento de la especial productividad agrícola del suelo, de manera que ha tenido lugar una primaria situación de abandono o dejadez y un posterior y visible deterioro que ha terminado por alentar y hasta por justificar, de manera absolutamente irresponsable, la posterior agresión a un territorio que debiera ser defendido, al margen de lo anterior, por otros muchos valores culturales que siempre deben inspirar la actuación de los distintos poderes públicos.

Se hace necesario, por tanto, profundizar en las previsiones contenidas en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada de 1999, así como en su actualización del año 2005, cumpliendo uno de los objetivos ya marcados en aquel extenso documento como el de acometer, de una vez por todas y con la suficiente profundidad, la definitiva redacción de un Estudio Monográfico sobre el ámbito de protección de La Vega realizado por un equipo independiente y multidisciplinar que aproveche las especiales condiciones de la ciudad de Granada para confiar este cometido a personalidades de gran prestigio académico que desarrollan habitualmente sus funciones al servicio de la función pública.

Al margen de lo anterior, la experiencia demuestra que estas fórmulas de protección urbanística deben ir acompañadas de la creación de organismos de control supramunicipales y de contenidos que sean plenamente compatibles con los valores culturales de estos espacios y en los que primen aquellos valores propios de la agricultura tradicional, en actuaciones tuteladas por instituciones públicas de naturaleza educativa e investigadora, siempre en relación con el racional aprovechamiento de espacios públicos.

Es preciso señalar, por último, la importancia de valorar por las instituciones afectadas  la posible aplicación de la legislación cultural autonómica plasmada en la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, de 26 de noviembre, cuando define las llamadas Zonas Patrimoniales en la clasificación de los Bienes de Interés Cultural merecedores de la mayor protección y tutela. Recordemos que, conforme a la Exposición de Motivos de la Ley citada, la fuerte relación del patrimonio con el territorio, así como las influencias recíprocas existentes, está presente en cada una de las fórmulas legales de protección, pero se hace patente de un modo mucho más intenso en la Zona Patrimonial ya que en tales casos, el territorio articula un sistema patrimonial integrado, en el que coexisten bienes de distinta naturaleza y cronología, unidos indisolublemente a los valores paisajísticos y ambientales existentes. Asimismo, conforme a lo prevenido en su artículo 26.8 de la Ley citada se definen estas nuevas Zonas Patrimoniales como aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales.

Con un responsable acuerdo institucional y con el deseable respaldo de distintos colectivos sociales y de la mayoría de los ciudadanos, La Vega de Granada podría integrar esta novedosa e interesante previsión legal, siempre a través de una norma suficiente de desarrollo que permitiera una interpretación coherente y racional de los términos de protección dispensado en los inmuebles y espacios diferenciados de este extraordinario entorno natural que ha sido tantas veces enriquecido por la acción del hombre.

Conforme a los anteriores argumentos, muy sucintamente expuestos, el Pleno de esta Real Corporación celebrado en el día de hoy, considera que La Vega de Granada debe ser adecuadamente preservada analizando la oportunidad de aplicar, con carácter previo a cualquier intervención pública o privada, las nuevas fórmulas de protección legal que nos ofrece la legislación cultural para una mejor garantía de nuestra vida social y económica, ya que constituye una irrenunciable y alentadora seña de identidad que explica mejor nuestro presente y sirve para mejorar considerablemente nuestra calidad de vida y nuestro futuro.

Granada, a 2 de diciembre de 2010

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