Publicado en Granada Digital el 05/10/2007.
Como respuesta al anuncio del Plan de Ayuda a la Emancipación e Impulso al Alquiler anunciado por el gobierno y sumándose a la convocatoria estatal, la Asamblea por la Vivienda Digna convocó hoy a los ciudadanos a concentrarse frente al Ayuntamiento de Granada el próximo sábado 6 de octubre a las siete de la tarde. Con el lema ‘Con estas medidas, no vamos a tener casa en la puta vida’, intentarán, según explica la organización, denunciar una vez más la dificultad del acceso a la vivienda y la “ineficacia” de las medidas propuestas por el Ejecutivo para solucionarla.
Este Plan (cuyo reciente anuncio ha tenido un carácter marcadamente electoralista), constituye “otro parche más” y “no entra en lo esencial”, según anunciaron: garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos, “que es lo que defendemos desde la Asamblea”. La asamblea cree que los incentivos que se destinarán desde el Ejecutivo en forma de ayudas directas para fomentar el alquiler entre los jóvenes, son “claramente inflacionistas” y “acabarán repercutiendo sobre el precio ya desorbitado de los alquileres”. Así, explican que si el parque de viviendas sigue reducido y no se fija un tope máximo para establecer el precio, los propietarios incorporarán las ayudas públicas (210 euros) a los precios actuales: la casa que alquilan hoy por 1000 euros, mañana la alquilarán por 1200, sin obligación de declarar dichos ingresos. “Y sin olvidar que la desgravación por alquiler no se aproxima ni de lejos a la que conlleva la compra de un inmueble”, se lamentaron. Además, la organización cree que se “margina” al sector mayoritario de los inquilinos, que son las personas mayores de 35 años, ya que “la vivienda es un derecho universal, que no entiende de edades y que afecta al conjunto de la ciudadanía”.
Incrementar las ventajas fiscales y financieras para los promotores de vivienda protegida en alquiler. Ceder los derechos a dichos promotores. Endurecer las medidas contra los inquilinos, “todo ello proporciona un balón de oxígeno al negocio inmobiliario, en lugar de garantizar el derecho del ciudadano al alojamiento”, indican. “Nos lamentamos de la inexistencia de medidas de penalización contra la vivienda vacía”. Desde la Asamblea consideran que el único modo de garantizar el derecho al alojamiento es el de fomentar un verdadero parque público de viviendas en alquiler, y su principal reivindicación en este sentido, recuerdan, es la actuación sobre los más de 3 millones de viviendas vacías que hay censadas, y darles un uso social a través de su inclusión en una bolsa de alquiler público.
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