Publicado en Ideal el 08/09/2008.
José Antonio Delgado Molina
En estos días de arduos debates sobre la financiación autonómica se pone de manifiesto que las regiones españolas exigen diferentes criterios para adecuar el reparto de los presupuestos de acuerdo con sus necesidades particulares. El criterio defendido por Cataluña establece que una región ha de recibir financiación proporcionalmente a su productividad. Según este criterio las comunidades más ricas recibirían más dinero, rompiendo con el principio de solidaridad y de desarrollo equilibrado de todos los territorios de España.
Otras comunidades autónomas sostienen que el criterio de financiación ha de estar basado en la población. Este es el caso de Andalucía, que en la disposición adicional tercera de su Estatuto de Autonomía recoge: «La inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años». Nuestros políticos autonómicos han defendido tradicionalmente este criterio en base al incremento de la población andaluza en un millón de habitantes, que no era reconocido por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Argumentado así, el nuevo criterio parece buscar un reparto más justo, pero nada más lejos de la realidad.
El criterio de financiación por población encierra muchas trampas y la primera que sale perjudicada es la provincia de Granada. Es verdad que los PGE de 2008 han reservado para Andalucía el 18% del total nacional en base a su población. Sin embargo, la primera trampa consiste en que a Granada no le ha tocado la octava parte de ese 18% porque en el reparto del presupuesto por provincias se ha seguido manteniendo el criterio de financiación por habitante. Así, los PGE de 2008 destinaron para Granada 580 millones de euros, mientras que a Sevilla, que nos dobla en población, destinaron prácticamente el doble con 1080 millones de euros. El gasto de la Junta de Andalucía en 2007 obedeció al mismo criterio, con una inversión de 115 millones de euros en Granada frente a los 200 millones de euros gastados en Sevilla.
La segunda trampa del criterio de financiación por habitante consiste en que no se tienen en cuenta factores que encarecen las infraestructuras como nuestra endiablada orografía. Es decir, no solo recibimos la mitad de dinero por tener la mitad de población, sino que además debemos afrontar el gasto de infraestructuras más caras. Sirva como ejemplo un tramo de la autovía Sevilla-Utrera enclavada en la Andalucía llana del valle del Guadalquivir con un coste de 2,7 millones de euros por km, frente a los 10,8 millones de euros por km presupuestados en el tramo granadino costero Lobres-Taramay (el tramo Nerja-La Herradura llegó a costar 15,9 millones de euros por km).
Haciendo un poco de memoria, comprobamos que el criterio de financiación por población no siempre ha interesado a los políticos andaluces. Por ejemplo, por decisión del sevillano Felipe González, el AVE se puso 15 años antes en Sevilla (1.800.000 habitantes) que en Barcelona (5.300.000 habitantes), de acuerdo con el criterio de compensar desequilibrios, de invertir más donde más falta hacía. En contra de lo que mucha gente piensa no se puso con motivo de la Expo’92, ya que ese año en Barcelona también se celebró otro acontecimiento de escala internacional (las olimpiadas).
Ahora, cuando se trata de Granada, parece que no interesa compensar la carencia histórica de infraestructuras y los presupuestos, tanto del Estado como de la Junta, seguirán consiguiendo que las infraestructuras de Sevilla se sigan desarrollando a mucho más del doble de velocidad que en Granada.
Espero que a partir de ahora, los granadinos se rebelen ante el eufemismo de la ‘financiación por habitante’ empleado por los políticos para justificar las migajas presupuestarias que destinan a nuestra provincia.
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