El juez basa su decisión entre otras razones de que no se le ha notificado la orden directamente a los interesados y de que no se le ha dado traslado de audiencia a los afectados.
Publicado en Ideal y La Opinión el 16/03/2007.
Agencia Europa Press
El Ayuntamiento de Granada recurrirá en los próximos días el auto dictado el pasado miércoles por el Juzgado de lo Contencioso número 2 por el que desautoriza a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa) a intervenir las cuevas ocupadas de San Miguel.Así lo anunció en rueda de prensa el concejal de Urbanismo del Consistorio granadino, Luis Gerardo García Royo, que aseguró que los servicios jurídicos de la Administración local no están de acuerdo con ninguna de las razones argumentadas por el juez.
Imposible identificar a los afectados
En este sentido, señaló que hay una serie de razonamientos que, por lo menos, son discutibles o vienen a ser apreciaciones del juzgado que “evidentemente no obran ni de la solicitud que se formuló ni tampoco del expediente”, según apuntó.
Entre ellos, destacó el argumento del juez de que no se le ha dado traslado de audiencia a los afectados, cuando, según García Royo, “es imposible identificar a todos”, por lo que “se publicó el edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOF)”.
Además, según los informes jurídicos de la Gerencia de Urbanismo, cuando hay razones de ruina inminente, las razones de urgencia “eluden el tener que darle traslado de los expedientes a los interesados”.
Otra de las razones que esgrime el juez, según relató García Royo, es que no se le ha notificado la orden directamente a los interesados, ante lo que aseguró que “se ha intentado en diversas ocasiones”.
Confía que prospere el recurso
García Royo, que, en cualquier caso aseguró acatar el auto, confió en que el recurso prospere y “se pueda continuar con la labor de saneamiento e intervención de cuevas”, muchas de ellas “en situación de ruina”, sin que se dilate mucho más la intervención.
El concejal recordó que estas infraviviendas no pudieron ser intervenidas porque no había moradores y, por tanto, no se les pudo comunicar el desalojo, o bien porque habiéndole sido notificado a sus inquilinos la orden, no la acataron.
García Royo ya explicó el pasado 22 de febrero que su Administración estaba “a la espera de que el juez autorizara la entrada” en las casas cueva de San Miguel, habitadas por okupas que se niegan abandonarlas, para proceder a su desalojo y precinto.
Estado “Ruinoso e insalubre”
El Consistorio persigue acometer esta actuación en base a un decreto de limpieza y desalojo firmado el pasado mes de enero por el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP) en el que les da a sus moradores 48 horas tras la comunicación oficial para que las abandonen de forma voluntaria.
Este decreto que ordena el desalojo de las cuevas ante su estado “ruinoso e insalubre” ha sido publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, por el momento, la actuación municipal en el Sacromonte, se ha limitado al tapiado de una veintena cuevas vacías.
Sin embargo, el colectivo de vecinos afectados por los desalojos entiende que la decisión del Ayuntamiento granadino responde a una “especulación inmobiliaria”, mientras que las asociaciones de vecinos integradas en el Distrito Albaicín (Albaicín, Sacromonte-Valparaíso, San Pedro y Bajo Albaicín) lo consideran “urgente” e “imprescindible”.
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