¿DE NUEVO ‘EL NEVADA’?

24 enero 2009 Ciudadanos por Granada.

¿Cómo es posible que en enero de 2009 todavía estemos hablando de la posibilidad de abrir el Centro Comercial Nevada de Armilla, y lo que aún es más grave, se esté pensando en darle curso legal a su finalización y puesta en marcha?

Es inadmisible que, habiendo sido paralizada la obra en 2006 por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo a petición de la Junta de Andalucía por irregularidades urbanísticas graves, ahora desde la misma Administración el Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, anuncie que el Gobierno andaluz intentará acordar con el Consistorio de Armilla una “fórmula de desbloqueo” de la situación actual con el fin de conseguir una “posición común”, lamentándose de que “no tenga un horizonte de solución en el tiempo”. También es inadmisible que el actual alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, diga que “Uno de nuestros principales objetivos es la reapertura del Parque Nevada, sobre todo en la actual situación de crisis [...]”, cuando ocupa el cargo que llevó a su antecesor, José Antonio Morales Cara, a estar procesado precisamente por las irregularidades en el mismo. La reciente Plataforma Ciudadana creada en Defensa del Centro Comercial Nevada ha recogido 3.500 firmas para instar a las administraciones implicadas a que “desbloqueen” la paralización actual del Centro y al mismos tiempo ha reclamado a los partidos políticos que “abandonen sus contiendas partidistas”, olvidando que este asunto no  es un problema político sino un asunto que tiene que ver con un proceso judicial.

‘Ciudadanos por Granada’ entendemos que los representantes de la Justicia han de llevar a cabo,  en la responsabilidad de sus cargos, la defensa del ciudadano cuando éste se siente agredido en sus derechos. Y es evidente que existe agresión a los mismos en estas irregularidades urbanísticas del gobierno municipal de Armilla. Por lo que no es de recibo legalizar lo que nació ilegalmente. Entendemos que la situación crítica de desempleo pueda llevar a pensar que su apertura sería la solución, cuando con casi toda probabilidad acarrearía el desempleo de otros miles de puestos de trabajo ya consolidados de la mediana y pequeña empresa de las zonas aledañas. Pero este objetivo de creación de puestos de trabajo de ninguna manera debe desvirtuar los nobles fines de la Justicia, entre los que se encuentra el reforzamiento de la democracia con actitudes que la dignifiquen. No es aceptable que desde la propia Junta de Andalucía se intente propiciar una vía que busque la “fórmula” ¿mágica? para apoyar desmanes urbanísticos, una de las causas principales de la crisis que hoy sufrimos. El ciudadano ha de sentirse respaldado por sus administraciones y por el poder judicial, y al mismo tiempo tener claro que nunca prevalecerá la política de hechos consumados. Decisiones de algunos jueces, como las del juez Del Arco, ayudan a restablecer la fe en la justicia, tan necesitada de ésta.

Remedios Roldán, Portavoz de Prensa de ‘Ciudadanos por Granada’

Recordemos que el informe elaborado por los expertos concluía diciendo que el Nevada presentaba tal cúmulo de irregularidades que debería ser demolido.

Enero 2009

Informe elaborado por Correos de la Vega a partir de noticias de prensa e informe de los peritos.

¿Qué decía el informe?

El proyecto básico y de ejecución del centro comercial, firmado  en julio de 2005, obtuvo una licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Armilla que «debe ser considerada ilegal» porque se han cometido irregularidades desde su gestación hasta su construcción. En el informe abundan estas afirmaciones: “carencia de base legal alguna” “Cúmulo de irregularidades”, “nula de pleno derecho”

En Este proyecto, que “sustituyó” a otro de 2001, se vulneran ocho puntos de calado. El informe dice que no se comprende “cómo con un cúmulo tal de irregularidades pudieron proceder a la concesión de licencia de obras por parte del Ayuntamiento”

Entre las anomalías destacan

-        Ocupación de espacios libres y suelo no urbanizable. Se cuantifica una pérdida de casi 40.000 metros cuadrados, entre suelo público y no urbanizable. (zonas verdes y de servicios anuladas por la construcción, las zonas destinadas a otras dotaciones y un camino público; el Camino Viejo de Alhendín). Esta cifra se correspondería con el mínimo establecido por ley, pero al tratarse de un proyecto de «enorme tamaño y gran intensidad», los mínimos no son adecuados. A más masa de ladrillo, mayor espacio para otros usos debería preverse para compensar.

-        Se le da licencia aun «sin respetar el 50% de ocupación máxima que ampara la ordenanza”.

-        En cuanto a terrenos, los expertos afirman que constituyen parcelas con distintas catalogación, por lo que no se podía otorgar una licencia para un único edificio, como se hizo.

-        La cesión obligatoria del 10% de los terrenos, al no existir proyecto en el que se materialice ésta, no queda justificado cómo se ha llevado a cabo

-        Los informes previos de Medio Ambiente y Economía para conceder la licencia se hicieron en base al proyecto presentado en 2001 y no al definitivo –y distinto-  del 2005. Además los proyectos mencionados ya estaban caducados.

-        En julio de 2005 se aprobó definitivamente el plan parcial B sobre el que se construiría el centro comercial, pero no prevé algo establecido por ley: zonas verdes, aparcamientos públicos o servicios de interés público y social.

-        Sobre la altura, se ha permitido un criterio que permite que el edificio esté por encima de lo legal, por ejemplo, la planta sótano tiene el techo 4,8 metros por encima de la calle colindante.

En resumen:  en el caso Nevada, según los técnicos “se ha prescindido absolutamente de los procedimientos de gestión urbanística exigidos por la ley”, por lo que desde un punto de vista técnico y urbanístico, «se podría afirmar que es posible, en primer lugar, la demolición completa de lo construido sobre la base del cúmulo de sucesivas irregularidades cometidas». Por otro lado, se habla de la posibilidad de un demolición parcial orientada a restablecer «el orden jurídico perturbado» y creen que sería conveniente derruir la parte que no se ajuste a la norma vigente. Y esto incluye la altura y los citados terrenos ocupados de forma ilegal.

Aparte de las múltiples ilegalidades urbanísticas -¿Y de corrupción?- que encierra el centro comercial Nevada. Visto desde otros ángulos su construcción es un atentado al territorio y a los intereses públicos.

El Nevada estrangularía el Campus de la Salud provocando más atascos todavía.

Una de las reglas principales para la construcción del campus de la salud era la accesibilidad. Así lo requerían instalaciones hospitalarias en las que, muchas veces,  la vida del enfermo que va en una ambulancia pende de llegar unos minutos antes o después Así lo contemplaba el POTAUG: Campus de la Salud en terrenos con buena accesibilidad. Los ayuntamientos, sobre todo el de Armilla, tenían otros planes; especular con los terrenos colindantes hasta ahogar una zona ya de por sí muy densa de tráfico. El Nevada jugaría un efecto tapón considerable. Se preveían entre 45.000 y 50.000 visitas diarias al centro comercial. Eso suponía un volumen de tráfico muy considerable. El colapso estaba anunciado.

¿Y dónde estaban las autoridades metropolitanas o andaluzas que velaran por los intereses públicos, por la viabilidad de un proyecto tan costoso y que se presentaba como un emblema del desarrollo de Granada? Una vez más faltó el gobernante con agallas que mirara por los intereses de todos. Una vez más sobró el egoísmo de las fronteras municipales.

Las grandes superficies como el Nevada conllevan un modelo que atenta contra el ser humano y el territorio.

Choca ver a alcaldes socialistas, a veces incluso apoyados  por concejales de IU, cantar las excelencias de las grandes superficies. ¿Qué modelo es el que defienden? Si analizamos vemos que éstas han provocado un auténtico terremoto sobre el territorio y las relaciones humanas. ¿Por qué?

-        Fomentan el uso del vehículo privado (gasto energético, contaminación…), siendo además generadores de grandes atascos.

-        Son verdaderos enemigos de los pequeños agricultores, a los que pagan precios de miseria para vender luego a precios de escándalo.

-        Compiten de forma desigual con el pequeño comercio, al que ahogan y destruyen

-        Tienen estrategias para hacer de nosotros adictos al consumismo. La forma como está ideada la estructura y ordenación de los espacios en los centros va encaminada siempre a “motivar” a las personas para que compren sin control.

-        Su modelo de comercio es totalmente deshumanizado, somos para ellos meros consumidores, no existen las relaciones humanas que se suelen dar en los comercios de barrio.

El falso mito: crean puestos de trabajo

-        Tiemblan los comerciantes del Zaidín, Armilla y pueblos cercanos cuando dicen que el Nevada crearía peustos de trabajo; saben que no hay magia; son los suyos los que se destuirían. Según los estudios, y ateniéndose a los cálculos más conservadores, por cada puesto de trabajo que crea una gran superficie destruye tres puestos en el pequeño comercio.

-        Además, tienen políticas represivas con los trabajadores hasta el punto de que las grandes superficies son las que menos secundan huelgas y las que tienen menos nivel de afiliación sindical.

-        La calidad del trabajo está a la vista; trabajo basura y muy precario.

-        Por otra parte, gran parte de las ganancias no revierten en los sitios en donde se instalan, ya que son empresas multinacionales que repatrían las ganancias.

“Sin demolición, el imperio de la ley queda por los suelos”

Según Ángel Núñez, coordinador de los fiscales andaluces de Medio Ambiente, los delitos urbanísticos son consecuencia de la falta de eficacia de la administración

Entrevista a Ángel Nuñez.

RAÚL BOCANEGRA / OLIVIA CARBALLAR – Cádiz – 23/01/2009 21:25

Ángel Núñez, coordinador de los fiscales andaluces de Medio Ambiente, recibe a Público en un despacho prestado. El suyo está hasta arriba de papeles. Núñez no rehúye las preguntas, se moja.

En los últimos tiempos, han proliferado miles de viviendas ilegales. ¿De quién es la responsabilidad?

Los delitos urbanísticos son consecuencia de la falta de eficacia de la administración. Los ayuntamientos no han ejercido las funciones de disciplina urbanística. Por carencia de medios, fundamentalmente ayuntamientos pequeños; por falta de voluntad política para asumir el coste de medidas impopulares como la demolición y, en otros casos, por clara y pura corrupción.

¿La falta de dinero es responsable de que haya pocas demoliciones?

No se deja de demoler por falta de dinero. No se ha demolido porque no se han tramitado expedientes de demolición. En un inmenso número de supuestos, cuando se ha actuado ya había prescrito la ilegalidad.

¿Tiene una justificación histórica el desorden urbanístico?

No. Todavía hay alcaldes que se jactan de que no ejecutarán nunca una demolición. ¡Pero es que son obligaciones de la Ley de Ordenación Urbanística! Y cuando defienden la autonomía municipal, que me parece muy bien, eso tiene que llevar aparejado el ejercicio de las responsabilidades que les impone la ley, entre ellas, imponer la disciplina urbanística.

¿Tiene un número de viviendas ilegales en Andalucía?

Creo que no lo tiene nadie. Una cifra ajustada no existe realmente.

¿Qué le parece la marea regularizadora que viene ahora?

Dentro de situaciones tan desbordadas, la única solución es imponer la ley de alguna forma, y eso implica regularización. No se pueden tirar 30.000 viviendas. Es un problema muy complejo. Lo que sucede es que cuando se plantea ese fracaso que es una regularización surge otro problema.

¿Cuál?

Aparecen grupos de poder que exigen que sea el resto de los ciudadanos los que financien los costes de su urbanización ilegal, que les paguen los suministros públicos, la realización de viales, la recogida de basura… para que ellos se beneficien. Si se regulariza lo que hoy vale 20, valdrá mañana 40. Me parece inadmisible. Son cuestiones políticas en las que la Fiscalía no entra, pero dista de convertirse en ejemplo para que el resto de ciudadanos cumpla la ley.

¿No hay manera de que la Fiscalía diga: esto no puede ser?

No en la medida en que se haga de acuerdo con los trámites legales. Sí pedimos una reforma del Código Penal para regular supuestos de prevaricación por omisión. Cuando no se dicta una resolución injusta, pero su falta es equivalente a haberla dictado. No se persigue a quienes realizan construcciones ilegales.

¿Cómo se llevan los jueces y las demoliciones?

Sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas

Han sido bastante reticentes a acoger los delitos contra la ordenación del territorio. Primero porque entendían que sólo los podían cometer los profesionales, mientras nosotros creíamos que los podía cometer cualquiera.

El Supremo nos dio la razón en 2003. Se ha aplicado de manera demasiado generosa la doctrina del error, del desconocimiento, cuando es de dominio público que cualquier obra requiere autorización. Y ha habido muchas reticencias a la hora de acordar la demolición. Y sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas, porque las penas que se imponen –como no hay que ajustarlas al valor de la edificación, sino a los ingresos del infractor– son muy exiguas y la pena privativa de libertad en principio no implica el ingreso en prisión.

Así, la condena se imputa como un coste adicional al de la edificación. Afortunadamente, se va avanzando.

¿Genera impunidad la ausencia de demolición?

Sí. Durante el tiempo que tardó el Supremo en pronunciarse en el sentido de que el delito lo podía cometer cualquiera, fueron decenas los fallos absolutorios dictados.

Ha dicho que no se pueden derribar 30.000 viviendas, pero algunas sí. ¿Está pensando, por ejemplo, en Marbella?

Hay que distinguir entre las demoliciones administrativas y las sentencias penales. En estas últimas no cabe discusión, sólo ejecutarlas. La cuestión que se discute aquí es la de las administrativas.

¿No tiene nada que decir la Fiscalía?

No, ahí no tuvimos intervención.

¿Y a usted qué le parece?

A mí personalmente, no como fiscal, como ciudadano, me parece que hay que conectar el imperio de la ley, que quedaría por los suelos si no se ejecutan las demoliciones, y atender a situaciones de verdadera trascendencia social como consecuencia de inaplicar el planeamiento.

La Junta de Andalucia ha aprobado nueva normativa y habla ahora de acudir al planeamiento supramunicipal.

Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo irregular

El fenómeno es que los planes no se cumplen, y cuando se reforman no es para avanzar, sino para consolidar situaciones de facto. Así, el plan pierde su sentido. Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo que de manera irregular ya ha crecido.

¿Es la gente consciente de que su actividad ilegal genera ciertos problemas para ellos mismos, atascos, falta de escuelas…?

Hasta ahora, no. Hay una consideración decimonónica de la propiedad. Esto es mi terreno y yo hago lo que quiero. No existe consideración a la función social de la propiedad.

¿Cuánto le debe el medio ambiente a los ecologistas?

Su actuación es absolutamente digna de elogio.

Entre el empleo y el medio ambiente, ¿con qué se queda?

Ahora se habla mucho de una flexibilización de los requisitos para actividades empresariales. Todo lo que sea agilizar o simplificar me parece bien. Sin embargo, una actividad que genere empleo, pero que perjudique al medio ambiente no es autorizable. La ley así lo establece.

¿Cuál es la principal amenaza para el medio ambiente?

El urbanismo descontrolado.

Hay quienes niegan el cambio climático.

Siempre hay negacionistas. Los hay del holocausto, que los haya del cambio del clima no supone ninguna sorpresa.