Publicado en Granada Hoy el 06/02/2009.
El Ministerio Público acusa a José Antonio Morales Cara y a Gabriel Cañavate de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio e infidelidad de custodia de documento público.Los pasos para que las presuntas irregularidades urbanísticas en la construcción del Centro Comercial Nevada vayan a juicio se van dando poco a poco. Tras la conclusión de la instrucción y el paso del procedimiento a abreviado, la Fiscalía dictó ayer sus conclusiones provisionales que piden la “completa, íntegra y total” demolición de todo lo construido y la inhabilitación durante 20 años del que fuera alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y del ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate.
El Ministerio Público acusa tanto a Morales Cara como a Cañavate de los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de infidelidad en la custodia de documento público, por lo que pide para ellos dos años de prisión, dos décadas de inhabilitación para ejercer como cargos públicos y 10.800 euros de multa.
Por su parte, el fiscal considera que el promotor del centro comercial, Tomás Olivo, es el autor de los presuntos delitos de prevaricación y de desobediencia grave por hacer caso omiso a la orden de paralización de las obras, por los que el Ministerio Público solicita, en total, 26 meses de prisión y una multa de 10.800 euros. Además, también solicita la inhabilitación especial “para el ejercicio directo o indirecto de cualesquiera actividades profesionales vinculadas con la construcción durante un tiempo de dos años”.
Los miembros de la Junta de Gobierno Local que dieron su voto afirmativo al Plan Parcial donde después se levantaría el edificio -Francisco de Sales, Miguel Ángel Porcel, José Pérez y Dina Romero- también son acusados de un delito contra la ordenación del territorio penado con 8 años de inhabilitación, mientras que los arquitectos y abogados que emitieron los informes que intentaban legalizar el proceso de construcción del Nevada -Justo Rico, José Casimiro Vera, Francisco Mejía y Raquel Yeste- son considerados presuntos autores de un delito de prevaricación, por lo que podrían ser condenados a 8 años de inhabilitación.
Pero donde el Ministerio Público hace especial hincapié es en que no quede piedra sobre piedra del polémico centro comercial que se erige en Armilla. Así, el fiscal entiende que ha habido una “reiterada vulneración de los instrumentos de planeamiento que fueron defraudados”, así como una “gravísima ilicitud en que incurrieron todos los permisos y autorizaciones administrativas otorgadas” que, además, no amparan las modificaciones que sufrió el proyecto. Por tanto, solicita que el juzgado de lo Penal que finalmente enjuició el caso acuerde “la completa, íntegra y total demolición de lo construido, incluyendo sus accesorios, entendiendo por tales hasta las obras de cimentación soterradas y plataformas y viales sobre rasante, hasta reponer el terreno edificado o construido en todo su perímetro a su realidad física primigenia”.
El escrito de acusación defiende que la “restauración del orden urbanístico perturbado pasa en todo caso por la demolición de lo construido en suelo no urbanizable, dotacional y de espacios libres, amparado en una licencia urbanística que no podría adecuarse a la legalidad si no es modificando el planeamiento general”. El fiscal lo tiene claro al respecto: “procede la demolición completa de lo construido sobre la base del cúmulo de sucesivas irregularidades cometidas”. Eso sí, si esa decisión no se tomase y se optase por una alternativa, como una demolición parcial, el Ministerio Público entiende que “se orientaría a la creación de un verdadero anillo verde entre el Centro Comercial y las viviendas colindantes”.
Aunque el fiscal considera que los acusados no tendrán que hacer frente a ningún tipo de “responsabilidad civil”, sí estipula que, en el caso de que se decrete el derribo del centro comercial, será la General de Galerías Comerciales Sociedad Anónima, propiedad de Tomás Olivo, la que proceda a “ejecución forzosa”. Además, si es necesario, se “deberán decretar las fianzas y practicarse los embargos suficientes para ello”, incluso si fuera necesario, del “patrimonio personal” del promotor.
Mientras se celebre el juicio o no, el fiscal pide que se mantenga la paralización de las obras “en atención a la gravedad material de los hechos objeto de la acusación”. Eso sí, el Ministerio Público hace una “única excepción”: las que “pudieren ser absolutamente necesarias en previsión de riesgos para terceros, siempre y cuando dicha consideración fuera realizada por un equipo de peritaje técnico y otro jurídico” compuesto por nueve profesionales. Por último, el fiscal acuerda la “anotación preventiva en el registro de la propiedad” de las fincas que componen el perímetro físico actualmente ejecutado del Nevada, “con el único objeto de advertir a adquirientes futuros del alcance de las medidas que sobre demolición con trascendencia real inmobiliaria”
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