El juez ordena revisar la licencia para legalizar el centro Nevada

El Contencioso no anula el permiso de obras pero avala las tesis de la Junta frente a Armilla. Se les insta a buscar “soluciones alternativas” conforme a la ley en aras de la generación de empleo.No se anula la licencia de obras que ha permitido construir el Centro Comercial Nevada pero se obliga al Ayuntamiento de Armilla a revisar el proceso de concesión.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada ha optado por una resolución salomónica estimando parcialmente el recurso presentado por la Junta de Andalucía por supuestas irregularidades urbanísticas pero no tiene en cuenta la solicitud de nulidad de la licencia porque, entre otras razones, el requerimiento efectuado por la administración autonómica fue “extemporáneo”, esto es, fuera del plazo que marca la ley.
Para el juez Antonio Iglesias Martín resulta “inequívoco” que la Junta de Andalucía ha hecho un importante esfuerzo para acreditar la ilegalidad de la licencia concedida por Armilla a la empresa Galerías Comerciales S.A. el pasado 30 septiembre de 2005, al margen de informes preceptivos.
Con dicho permiso, la empresa promotora del Nevada llevó a cabo obras que iban más allá de lo autorizado.
Para el juez resulta “incuestionable” que la licencia otorgada no coincide con la dada inicialmente sobre una parcela de 81.000 metros cuadrados y que fue aprobada por la administración autonómica en 2001. “Se trama una estrategia de adquisición de de suelo urbanizable que se desarrolla en el Plan Parcial B, cuyas determinaciones en ocupación de parcela, edificabilidad y alturas son diferentes a las del proyecto inicialmente autorizado y para el que se concedió la licencia”, aclara el juez. La Junta observó deficiencias importantes en espacios libres y equipamientos, en el cambio de criterio a la hora de medir alturas, la anchura de los viales o la consideración de los aparcamientos como privados.
El Ayuntamiento sostenía que la Junta de Andalucía podía instar pero no obligar al Ayuntamiento a la revisión de oficio de sus acuerdos, haciendo prevalecer su principio de autonomía municipal en materia urbanística. Sin embargo, el juez advierte al Ayuntamiento que dicho principio “no es una patente de corso ni otorga carta de naturaleza al Ayuntamiento para que, en defensa de los intereses públicos locales, pueda realizar una interpretación ´ad hoc´ e interesada de las normas”.
En la sentencia de 58 páginas, el juez propone a las administraciones implicadas buscar “soluciones alternativas” consciente de que el centro generará riqueza y puestos de trabajo, lo que es “especialmente trascendente en época de crisis”, una opinión en la línea de lo que viene manifestando el Ayuntamiento de Armilla. Entre sus sugerencias figura la modificación del proyecto y la adopción de una nueva resolución conforme a los parámetros urbanísticos vigentes o la aprobación de una “nueva y clara” normativa para tratar de convalidar los aspectos que se consideran “incompatibles” con las normas subsidiarias del Plan Parcial (PP-B).
En ningún caso, el juez se refiere a la necesidad de demolición parcial o total que ya han apuntado los peritos y la propia Fiscalía en el procedimiento penal. Pero las propuestas lanzadas y los argumentos jurídicos empleados dan a entender que la solución pasa por derribar parte del edificio. De hecho, el Ayuntamiento de Armilla mostró ayer su disposición a retomar, cuanto antes, la negociación con la Junta de Andalucía y el promotor para tratar de desbloquear dicho proyecto.
Respecto a la causa penal, el juez de instrucción 6, Miguel Ángel del Arco, ya decretó la apertura del juicio oral contra once imputados, entre ellos el ex alcalde José Antonio Morales Cara el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión y hasta 24 de inhabilitación.
La Fiscalía solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando al ex alcalde de Armilla José Antonio Morales Cara y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, para los que pide dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.
Al promotor de la construcción -también imputado en el ´Caso Malaya´- lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación. El PP, personado como acusación particular, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.