Publicado en Ideal el 16/06/2009.
El Ayuntamiento se acogerá al plan de crédito del Gobierno para reducir su deuda con proveedores.
Algunos grandes proyectos de su programa están bloqueados por falta de entendimiento con la Junta.
Tal día como hoy, hace dos años, José Torres Hurtado tomó posesión por segunda vez como alcalde de Granada. En frente, una oposición desmoronada a la que casi doblaba en número de concejales.A la vuelta de las vacaciones el escenario cambió. No en la proporción de ediles, que seguirá tal cual hasta 2011. Sino porque la época de bonanza en la que había nadado éste y la mayoría de ayuntamientos durante años empezó a darse la vuelta. Faltaba liquidez para meterse en grandes obras como la de Gran Vía o los subterráneos de Severo Ochoa y Villarejo. Había que jugar a otra cosa. Por ejemplo, la reforma de la Casa Consistorial, que se anunció para 2007, está en compás de espera.
El concejal de Economía, Juan Antonio Mérida, ya empezaba a hablar de crisis en aquel otoño de 2007. Los presupuestos de 2008 se ajustaron a la baja y los de 2009 se redujeron otro 10%. El Consistorio ha pasado de manejar 419,4 millones en 2007 -el último ejercicio de vacas gordas- a los 367,1 presupuestados para el presente año: 52,3 millones de euros menos en un visto y no visto.
A esta economía de guerra hay que sumar que la recaudación de impuestos también se resiente. El Ayuntamiento dejó de cobrar el 20% de los recibos en 2008, más de ocho millones de euros, porque los vecinos tampoco andan boyantes. El gobierno municipal se teme que este año sea peor.
Saneamiento
Esta difícil situación contable ha marcado indudablemente los dos primeros años de mandato de Torres Hurtado. Pese a todo ha podido o ha sabido capear las penurias económicas. Con los sindicatos no hay grandes tensiones, más allá de los desencuentros propios entre un gobierno del PP y secciones sindicales aparentemente poco afines. Y los proveedores que están pendientes de cobrar -que son muchos- no se han amotinado a la puerta del Ayuntamiento. En las próximas semanas el gobierno municipal se acogerá a la línea de crédito aprobada por el Gobierno para sanear las deudas generalizadas de los municipios con las pequeñas empresas. Se deberá lo mismo pero a los bancos. Con esta operación, la deuda con proveedores se puede reducir más o menos a la mitad, aunque aún así se quedará en unos 20 millones.
Los planes anticrisis
Los planes anticrisis del Gobierno y de la Junta han supuesto un balón de oxígeno para el Ayuntamiento, que en los presupuestos de 2009 había renunciado a muchas inversiones en barrios. La capital ha recibido casi 50 millones de euros cuando sólo tenía previsto gastar 12,7 en calles y plazas.
Esto ha supuesto que, del golpe, coincidan en la ciudad 107 obras. Entre ellas figuran algunas de las que Torres Hurtado llevaba en su programa electoral, como la reforma del Paseo del Salón o la peatonalización del barrio de la Magdalena. Le ha fallado al Ayuntamiento el plan Urban, del que se ha quedado fuera, y que hubiera supuesto otros 10 millones para invertir en el Albaicín y el Sacromonte.
Como dinero no hay para gastar a manos llenas, el gobierno municipal parece haberse jugado lo que tiene al tranvía del Centro, para el que se manejan varias fórmulas. Tiene pinta de ser la gran operación costeada desde las arcas municipales -al menos la más visible- del segundo mandato de Torres Hurtado. No obstante, es evidente que el gobierno local intentará atribuirse su cuota en otras reformas donde -en términos económicos- es accionista aunque no sea mayoritario: el metro, el Centro Lorca de La Romanilla o el gran espacio escénico.
El PGOU
Hay otros proyectos que pueden salvarle el programa electoral al PP, pero que no dependen únicamente del Ayuntamiento.
Seguramente en el debate sobre el estado de la ciudad que se celebra hoy el alcalde plantee algún pacto a la oposición. Lo hizo el año pasado, cuando propuso un acuerdo para sacar del rifirrafe político el futuro plan de ordenación (PGOU) y la movilidad. Un año después -con indiferencia de quién sea la culpa-, siguen los atascos y no hay PGOU, un documento vital para que el gobierno municipal pueda acometer algunas de sus promesas electorales.
Del PGOU y del plan Albaicín -que ahora se está renegociando- dependen el nuevo acceso al Sacromonte o la recuperación de las cuevas de San Miguel. Torres Hurtado también necesita el visto bueno de la Junta para sacar adelante propuestas electorales del tipo a los accesos mecánicos a la Alhambra, el museo en el Banco de España o el cierre del anillo, asumido finalmente por el Gobierno andaluz.
Hay otros compromisos que sí han salido adelante, como la remodelación de las calles del entorno de Bib-Rambla, las esculturas del bulevar de Constitución, la reforma de Pedro Antonio de Alarcón o la ordenanza de la Convivencia. En realidad, gran parte del programa electoral.
Quizás arropado por la amplia mayoría absoluta, el gobierno municipal se ha esforzado por pasar más desapercibido, acostumbrados como estábamos al estilo del ex portavoz Luis Gerardo García Royo. Arriesgar lo justo y no meterse en problemas para no meter la pata. La realidad es que si las pasadas europeas son un termómetro de lo que está por venir, Torres Hurtado no tiene por qué cambiar de táctica.
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