El aumento de los destrozos en el patrimonio urbano, tanto en mobiliario como en fachadas, farolas, árboles y aceras, obliga a poner en marcha medidas más contundentes contra el problema.
Publicado en Ideal el 18/11/2007.
Dedicarse a hacer pintadas, destrozar papeleras, farolas y quemar contenedores, puede salir muy caro. Esta es la idea que el Ayuntamiento de la capital quiere trasmitir a aquellos grupos de personas que se dedican a cometer actos vandálicos contra el patrimonio de la ciudad, e intentar que el volumen de este tipo de acciones descienda considerablemente en el término municipal de Granada. La idea es subir las multas a cantidades que hagan mella en el bolsillo de los ciudadanos incívicos o en el de sus padres, en el caso de ser menores de edad.La entrada en vigor de una nueva normativa en materia de bienes municipales va a facilitar que el Ayuntamiento pueda materializar un incremento considerable en las multas por estas infracciones. El concejal de Patrimonio, José María Guadalupe, sensibilizado por el alto nivel de vandalismo existente en algunos puntos de la capital, ha remitido un escrito a la concejalía de Medio Ambiente, para que se inicien los trámites tendentes a modificar las sanciones de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Ornato Públicos y Gestión Municipal de Residuos Urbanos, que es el marco normativo en el que pueden incluirse las acciones vandálicas.
Insostenible
José María Guadalupe considera que «la situación se ha hecho insostenible y se produce un enorme gasto a las arcas municipales por acciones que cometen unos pocos ciudadanos incívicos. «El Ayuntamiento de Granada no puede permanecer ajeno a esta problemática, y aunque es obvio que estamos ante un fenómeno que trasciende del ámbito de la administración municipal, sí está dentro del marco de su competencia, por lo que debemos combatir esta situación con los medios jurídicos que tenemos».
En este momento las sanciones que marca la ordenanza son ya consideradas altas, puesto que pueden llegar hasta 3.000 euros en casos de multirreincidencia o en casos extremos, pero lo general es que las multas no excedan de 750 euros para los casos que podrían considerarse como de vandalismo, al margen de las responsabilidades civiles o penales en las que se pudiese incurrir. «Está claro que multar a un ciudadano con 300 euros, que puede ser una sanción leve en su grado medio, no implica un problema demasiado importante para el infractor, que paga y ya está, y eso si le pillan ‘in fraganti’, que es algo muy difícil. Hay que intentar que la multa que tenga que pagar sí sea un problema para él, y debemos conseguir incrementos notables», dice Guadalupe.
El estudio que hará el Ayuntamiento pretende fijar sanciones que puedan superar los 6.000 euros por actos como por ejemplo, hacer pintadas en fachadas o elementos históricos o artísticos, quemar contenedores en las calles o destrozar elementos del mobiliario público de alto valor. Pero aunque las sanciones que superasen esa cantidad tendrían que ser las consideradas muy graves, el Ayuntamiento pretende que otras leves, como pintar fachadas no históricas, farolas o deteriorar elementos de mobiliario, también tengan la consideración de faltas graves, y puedan ser castigadas con multas por encima de los 2.000 euros. Una vez que se ha tomado la decisión política de incrementar las sanciones, los técnicos de Medio Ambiente, en relación con Patrimonio, tendrán que evaluar los motivos y las cantidades, de forma que la sanción sea efectiva. No se puede llegar a cantidades tan altas que provoquen que la multa sea imposible de pagar, como ocurre con la Ley de Medio Ambiente de Andalucía. Pero sí que se pueda obligar a los padres a pagar la multa en el caso de que los ‘vándalos’ sean menores de edad.
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